La juez Ferrer investiga en Finlandia el cobro de comisiones en el fraude del BOE

El caso BOE -presunto fraude en la compra de papel prensa para la impresión del Boletín Oficial del Estado- sigue vivo en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. La juez Ana Ferrer procesó el pasado verano a Carmen Salanueva, ex directora del BOE, por malversación de caudales, cohecho y prevaricación. Pero no cerró ahí las pesquisas. En la actualidad mantiene abierta una línea de investigación (declarada secreta) que pretende desenredar el circuito internacional que recorrieron las comisiones ilegales antes de llegar a las manos de algunos de los implicados en esta trama, entre los que está la ex directora general del BOE, según fuentes cercanas a la investigación.

Para averiguar si existió ese supuesto circuito, la juez Ana Ferrer (quien también instruye el caso Roldán) ha enviado dos comisiones rogatorias a Finlandia e Inglaterra, países donde están radicadas algunas de las empresas matrices que surtieron de papel prensa la rotativa del Boletín Oficial del Estado. La investigación iniciada por la juez Ferrer con estas nuevas diligencias persigue igualmente comprobar si los precios de salida de ese papel coinciden con los registrados después oficialmente en las cuentas del Boletín Oficial del Estado.Andrés Planas, abogado defensor de Carmen Salanueva, expresó el pasado jueves, en declaraciones a este periódico, su convencimiento de que las autoridades finlandesas no van a tramitar la comisión rogatoria remitida por la magistrada porque, en su opinion, presenta "un defecto de forma". Planas sostiene, que en cualquier caso, el resultado de esta nueva línea de investigación será infructuoso, porque su defendida no ha cobrado ninguna comisión, señala.

El auto de procesamiento, dictado en julio pasado por la juez Ferrer, implica a 11 personas, entre ellas a Carmen Salanueva y a Julio Fernández González, que fue jefe del departamento de producción del diario oficial entre los años 1982 y 1992.

Precio superior

La juez atribuye a ambos la decisión de comprar a determinadas empresas el papel para el diario oficial "a un precio muy superior al del mercado". Ello provocó un perjuicio al erario público de, como mínimo, 500 millones de pesetas.Durante el tiempo en que Salanueva dirigió el BOE se adjudicaron a la empresa papelera Udalar cuatro contratos de suministro de papel prensa al boletín oficial por importe total de 510 millones. La operación se cerró a un precio de venta de 142 pesetas el kilo de papel, cuando en el mercado el precio de ese mismo kilo estaba en sólo 82 pesetas.

La juez Ferrer indica en su auto de procesamiento que Salanueva, merced a las fraudulentas adjudicaciones, recibió, "al menos, 60 millones de pesetas", según desprende la magistrada de los extractos bancarios investigados. La magistrada también sostiene que existen indicios de que Salanueva percibió comisiones, a través de su testaferro, Jack Kelly, por adjudicar el suministro de papel a papelera Udalar. Kelly, otro de los procesados, falleció recientemente como consecuencia de una grave enfermedad que obligó en su día a la juez y el fiscal a desplazarse a su residencia de Málaga para poder tomarle declaración.

Recurso

Contra el citado auto de procesamiento, el abogado defensor de Carmen Salanueva, Andrés Planas, presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tal recurso fue desestimado por la juez y, por tanto, ahora se encuentra en la Audiencia madrileña.Fuentes de esta instancia judicial -que será la que en su día celebre el juicio del caso BOE y también la vista del caso Roldán- señalaron ayer que aún no han estudiado el recurso de los abogados de Carmen Salanueva y el resto de las partes involucrados en el fraude del Boletín Oficial del Estado.