Justicia quiere cerrar en marzo el hospital penitenciario de Carabanchel, el único de España

El único hospital penitenciario que hay en España, el de Carabanchel (unas 150 camas), dejará de existir en marzo próximo, coincidiendo con la inauguración de la macrocárcel de Soto del Real. Al menos, éste es el plan de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. El coste de su mantenimiento (alrededor de 2.000 millones de pesetas al año) y el deseo de los actuales responsables penitenciarios de integrar a los presos en la red sanitaria pública son, entre otras, las razones aducidas.

Una de las ideas que maneja Asuntos Penitenciarios, organismo que dirige María Paz Fernández Felgueroso, es convertirlo en un consultorio de especialidades, potenciar las enfermerías de las prisiones, y, si un preso cae gravemente enfermo o requiere intervención quirúrgica, llevarle a un hospital público.La Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios ya ha informado de su propósito al consejero de Salud de la Comunidad, Pedro Sabando, y a los responsable del Insalud. Y les ha pedido que creen unidades de custodia en su centros: unos departamentos especiales que permitan simultáneamente la asistencia y vigilancia de los internos. Aparte del hospital de Carabanchel, el Gregorio Marañón, que depende de la Comunidad, es la residencia sanitaria de Madrid que más presos atendió el año pasado; en concreto, a un 85% de los cerca de 7.000 que hay en la región.

El consejero de Salud, Pedro Sabando, está dispuesto a "colaborar" con la iniciativa de Asuntos Penitenciarios, pero no va a consentir que el Marañón se convierta en el único hospital que atienda a presos. Advierte Sabando que su colaboración no será superior a la de cualquier otro hospital público. El Marañón construirá, pues, su unidad de custodia -con un máximo de 10 camas-, pero siempre y cuando, según el consejero, los otros hospitales también creen las suyas. "Y las obras comenzarían", matiza, "a la vez que en los otros centros, no antes".

Fuentes del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) afirmaron ayer que aún no hay nada perfilado sobre la creación de esas unidades, aunque indicaron que para la primera quincena de enero hay fijada una reunión en la que se hablará de este asunto. Tanto la Comunidad como el Insalud quieren que Asuntos Penitenciarios les abone antes el dinero que les adeuda por asistencia de presos. En total unos 1.100 millones de pesetas, según cifran fuentes oficiales.

Rechazo sindical

Los dos principales sindicatos de prisiones -ACAIP y CSIF- se oponen, ante la falta de alternativas, al cierre de este centro. Prefieren que se potencie la sanidad penitenciaria ante la previsible avalancha de enfermos de sida que se avecina dentro de las cárceles: un 32% de los reclusos españoles es seropositivo, según Tomás Vidal, presidente nacional de CSIF-prisiones. De los 48.000 presos que hay en España, unos 2.300 ya han desarrollado el sida y necesitarán asistencia hospitalaria en los próximos años, según datos, oficiales.José Ramón López, presidente nacional del sindicato ACAIP, considera "un grave error" la clausura del centro. Este sindicato aboga por la potenciación y ampliación del hospital de Carabanchel y, paralelamente, por fomentar la colaboración con la red de hospitales públicos. Hace tan sólo unos días, este hospital tenía 95 presos internados. ACAIP atribuye el alto coste de mantenimiento del hospital a que dos de las alas del centro -unas 60 camas- están cerradas.

Desde junio de este año no hay anestesista en el hospital de Carabanchel, lo que contribuye a su infrautilización e impide practicar operaciones que precisen anestesia total, según afirma José Ramón López. "Además, la lista de espera quirúrgica la engrosan unos 200 presos, con una demora asistencial superior a los cinco meses", agrega López. El hospital de Carabanchel efectuó en 1993 un total de 11.519) consultas, ingresó en sus camas a 1.981 presos, atendió 2.436 urgencias y sus facultativos practicaron 790 operaciones.