Escándalos privados, problemas públicos

El escándalo económico desencadenado por la quiebra de la agencia de valores Brokerval de Palma de Mallorca repercute de manera considerable en la actividad de instituciones oficiales y sociedades públicas que se relacionaron con la firma hundida. La consecuencia más reciente es la destitución del gerente de la Universidad de las Islas Baleares, Luis Piña, que era accionista y consejero de la sociedad de intermediación. Además, el Gobierno balear, su sociedad pública de garantía recíproca Isba, la Caja de Ahorros Sa Nostra y el Fomento de Turismo de Menorca, se han visto involucrados en el caso Brokerval, por operar o haber hecho negocios relacionados con esta firma. Dos de los gestores de la firma, Francisco Berga y Francisco Tous, se encuentran privados de libertad por presunta estafa, apropiación indebida, falsedad documental y delito fiscal. Ciento cincuenta inversores han denunciado la pérdida de más de trescientos millones de pesetas.Las complicaciones del caso Brokerval no atañen únicamente al ámbito judicial, fiscal y económico. Se refieren también a la política y a la imagen. La Universidad, antes de cesar a Piña, ha tenido que reclamar una inspección del Ministerio de Educación y posteriormente una auditoría de cuentas a cargo de la Intervención del Estado para verificar la transparencia de sus inversiones financieras. Ahora, el rector afronta la reclamación de noventa millones de pesetas por parte de un afectado de Brokerval, que sostiene que con su dinero se retornó un depósito temporal de la institución.

Sa Nostra; primera institución financiera del archipiélago, creará una comisión de investigación interna tras someter a una auditora la operación de compra del solar de su nueva sede a los directivos de Brokerval por casi 800 millones, después de que la policía investigara los archivos. Esta venta supuso un beneficio de 600 millones para los intermediarios y no se pagaron plusvalías ni IVA. En la agencia figuraban como accionistas el antiguo presidente y el vicepresidente de Sa Nostra, Fernando Alzamora y Jaime Fluxá. Además, el encargado de compras de la caja, Juan Ozonas, era socio de la intermediaria. El comité intercentros de la caja ha solicitado la dimisión del presidente, Juan Forcades.

Isba, una sociedad financiera controlada por el Gobierno balear, ha perdido los 20 millones de pesetas que invirtió a través de Brokerval, en diciembre de 1993, cuando ya era conocida en los ambientes económicos la desesperada situación de la firma y de las sociedades inmobiliarias que promovía. Isba presentó una querella por presunta estafa; le entregaban certificados de inversión ficticios.

El Fomento de Turismo de Menorca, institución patrocinada por la Administración, dejó en manos de la agencia en quiebra ocho millones de pesetas de las partidas destinadas a promoción turística. El presidente de Fomento, José Díaz Montañés, era accionista de la firma financiera y beneficiario de sus líneas de crédito a través de pagarés.

En el ámbito estrictamente político, el Gobierno balear, del PP, ha tenido que comparecer ante el Parlamento regional -de manera excepcional a través de su presidente, Gabriel Cañellas- para explicar las inversiones de alto rendimiento, de hasta 3.000 millones de pesetas, que gestionó Brokerval. Otro político conservador, el eurodiputado Abel Matutes, niega haber sido socio de la trama de Brokerval y conocer a su cerebro, Francisco Berga.