Embrollo andaluz

EL GOBIERNO andaluz decidió el martes pasado retirar del Parlamento el proyecto de Ley de Presupuestos para 1995 por considerar que las enmiendas introducidas conjuntamente por Izquierda Unida (IU) y el Partido Popular (PP) desvirtúan su contenido e imposibilitan la labor del Ejecutivo.Desde el punto de vista formal, la mayoría de los juristas consideran que es una decisión correcta, aunque algunos estimen que viola, no la letra pero sí el espíritu del estatuto. Al menos, la prórroga automática de los Presupuestos de 1994 posibilitará seguir pagando los sueldos de los funcionarios y desarrollando una cierta normalidad administrativa y económica.

Pero políticamente la realidad es, sin embargo, mucho más dura. La comunidad autónoma con mayor índice de paro y con un presupuesto más elevado empieza el año sumida en una grave crisis política y, lo que es peor, en una crisis que no tendrá salida antes de las elecciones municipales previstas para el próximo mes de mayo.

La posición del Gobierno andaluz que preside el socialista Manuel Chaves es delicada. El debate sobre la Ley de Presupuestos ha hecho saltar por los aires cualquier esperanza que pudiera existir aún sobre un acuerdo entre el PSOE e IU en aras de la gobernabilidad. Ambos partidos han demostrado que son incapaces de gobernar juntos en Andalucía y, quizá, en ningún lugar de España. Una lección que sin duda trascenderá del plano autonómico y de la que es más que probable que tomen nota los electores.

El debate presupuestario comenzó con un incidente grotesco: Izquierda Unida, que había presentado una enmienda a la totalidad, se vio obligada a retirarla ante el sorprendente anuncio de que el PP pensaba apoyarla. Es decir, IU optó por retirar su enmienda porque iba a ser aprobada. A partir de ese momento, la negociación sobre el articulado se convirtió más en un sainete que en una confrontación política. Izquierda Unida y PP votaron sistemáticamente enmiendas que colocaron al PSOE contra las cuerdas. Los socialistas intentaron romper la pinza ofreciendo a IU mayor gasto público y un cierto control parlamentario sobre la ejecución de los Presupuestos, pero IU consideró insuficiente la oferta. La baraja se rompió cuando el PP votó favorablemente enmiendas de IU que suprimían la dotación económica de determinados departamentos e impedían traspasar cantidades de una partida a otra sin previa- autorización de la Cámara. Chaves decidió retirar el proyecto de ley.

La decisión es grave y supone reconocer un importante fracaso político: la primera obligación de un Ejecutivo es lograr que el Parlamento apruebe su presupuesto. Lo normal sería la dimisión de Chaves, pero. esa dimisión tampoco resolvería nada: el PP e IU no pueden formar un Gobierno coherente y no cabe convocar elecciones hasta que, en junio, haya transcurrido un año desde las anteriores. Al fracaso de Chaves se une así el de Izquierda Unida, incapaz de sacrificar su estrategia federal a un compromiso que permuta la gobernabilidad de Andalucía. El único beneficiario de esta operación es el PP. Si es que alguien puede beneficiarse de una situación que perjudica a todos los andaluces.