El alcalde se atrinchera para impedir la entrada de funcionarios al pleno

LARA OTERO Trinchera contra funcionarios cabreados. La sede del Gobierno municipal de Madrid se convirtió ayer en un búnker rodeado de policías municipales y vallas para evitar que los trabajadores municipales repitiesen el altercado ocurrido hace 15 meses cuando unas 300 personas asaltaron la Casa de la Villa durante un conflicto laboral: cuatro policías heridos y dos cristales rotos. Pero las medidas de seguridad no se quedaron a las puertas de la casa consistorial.

Los periodistas fueron registrados antes de entrar al pleno de ayer, los representantes sindicales con invitación para asistir a la sesión tuvieron que negociar para acceder a la sala y al menos tres policías municipales fueron camuflados como informadores. El motivo de las protestas de los funcionarios es el incumplimiento por parte del alcalde, José María Álvarez del Manzano, del preacuerdo salarial firmado el 15 de noviembre entre el concejal de Personal, Antonio Moreno, y las tres de las cuatro centrales sindicales con representación en el Ayuntamiento.El regidor arguye que ese acuerdo es ilegal porque establece una subida de salarios superior al 3,5% (máximo que marcan los Presupuestos Generales del Estado). El pleno de ayer, salpicado de petardazos en las inmediaciones de la Casa de la Villa, debatió una propuesta del concejal de IU Franco González para que se asumiese ese acuerdo, puesto que considera que se puede cumplir lo firmado con un aumento del 3,5% en el total del presupuesto de personal. Los funcionarios municipales cobrarán de momento un 3,5% más en la nómina de enero.

El PP respondió enarbolando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que desestimaba un recurso de un sindicato contra el decreto del alcalde que retiraba la tercera paga extra pactada en el convenio. En realidad, el tribunal se limitaba a no apreciar indicios de que se hubiese vulnerado la libertad sindical.

Tras el rechazo del PP a la moción de González, los siete sindicalistas -que habían conseguido acceder al salón de pleno tras un tenso tira y afloja- abandonaron sus asientos y se dirigieron al patio de Cristales (antesala del pleno) donde formaron con las letras de sus camisetas la palabra Pinocho (el apodo que le han puesto al alcalde).

Se disponían a hacer declaraciones ante los medios de comunicación, pero un par de concejales del PP y el director de servicios de la Policía Municipal ordenaron su desalojo.

El concejal de Seguridad, Carlos López Collado, negó que hubiese dado órdenes de registrar a los informadores ni de que se camuflase a policías como periodístas. "Lo que pasa es que tenéis prejuicios contra la policía", ijo. El sindicato anunció por la tarde que presentará una denuncia contra López Collado por abuso de autoridad y una pregunta a la delegada del Gobierno para aclarar si los policías municipales tienen autorización para realizar labores sin uniforme distintas a la vigilancia de ordenanzas. A pesar de los corrillos y los petardos, el pleno trató, entre otros, los siguientes asuntos.

Presupuestos de 1995. Los votos del PP ratificaron ayer definitivamenten los presupuestos para 1995. El equipo de Gobierno introdujo una modificación para destinar 500 millones más al Consorcio de Realojamiento de Población Marginada.

Aborto. El PP rechazó una propuesta de IU (apoyada por el PSOE) para que se utilice el centro quirúrgico de la calle de Montesa para practicar abortos legales. El edil de Sanidad, Simón Viñals, lo rechazó con argumentos de competencia sanitaria, y el alcalde remató la faena de su concejal con una frase radical: "Mientras yo sea alcalde no se harán abortos en el Ayuntamiento".