Miembros del Gobierno lamentan no haber indultado a los ex policías

Miembros del Gobierno lamentan no haber indultado en su momento a los ex policías Amedo y Domínguez, asumiendo el coste político de dicha medida y pasando definitivamente la página del GAL. "Más vale una vez morado que ciento colorado", admiten. No obstante, recuerdan que el expediente de indulto llegó a la mesa del Consejo de Ministros en agosto pasado, cuando ya era posible el pase de los ex policías al tercer grado, y que el escándalo Roldán dejó al Gobierno en una posición muy difícil para conceder el indulto.

Las mismas fuentes aseguran que "no es justo enjuiciar con la perspectiva actual hechos que se produjeron hace diez años, sin tener en cuenta las circunstancias de entonces" y recordaron que, mientras ETA golpeaba brutalmente en España, los terroristas se movían con total impunidad en el país vecino, "en tanto que Francia miraba a otro lado, como si no le concerniera".El Gobierno está firmemente decidido a evitar toda polémica pública con el juez Garzón y a esperar el desarrollo de los acontecimientos. El propio vicepresidente, Narcís Serra, declaró ayer que el Ejecutivo mantendrá en este asunto una actitud de "escrupuloso respeto a las decisiones de los jueces y de colaboración en lo que reclamen".

No obstante, la actuación del juez Garzón ha hecho que en círculos gubernamentales cuaje la reflexión de que "no es lógico que un juez solo tenga tanto poder y que dependa de una única persona adoptar una decisión tan grave como el ingreso en prisión. El Poder Judicial debería contar con algún órgano colegiado sobre el que recayera la responsabilidad de decidir la prisión preventiva, limitando los excesos que eventualmente pueda cometer alguno de sus miembros".

Aunque los autos de los jueces de instrucción pueden ser recurridos ante la sala correspondiente, ésta raramente revoca la prisión preventiva, salvo en casos en que se prolonga de forma injustificada, según las mismas fuentes. Dicha reflexión, repetida ayer en distintos ámbitos políticos, podría constituir el preámbulo de alguna propuesta de reforma legislativa en esta línea.

Actitud del PP

A diferencia de otros escándalos el Gobierno cree que la mayoría de la sociedad española no condena a quienes respondieron a los terroristas con sus mismas armas. Por eso, confía en que el PP asuma que se trata de una cuestión de Estado y no utilice el caso GAL como instrumento de confrontación partidista.En las filas del PP figuran, además, personas que tuvieron responsabilidad en la lucha antiterrorista en otras épocas y que tuvieron relaciones fluidas con los primeros ministros del Interior socialistas, recuerdan las elitadas fuentes.

En opinión del Gobierno, las decisiones de Garzón no tienen por qué tener consecuencias políticas. Más preocupadas se mostraron las fuentes consultadas por el efecto económico de las espectaculares decisiones judiciales, como la caída en la cotización de la peseta y la subida en medio punto del tipo de interés de las letras del Tesoro.

En medios gubernamentales no hay excesiva confianza en que prosperen los reparos procesales suscitados por la actuación de Garzón: su posible incompatibilidad, al haber ocupado un alto cargo en el Ministerio del Interior, o la prescripción del delito al haber transcurrido diez años.

En cambio, se subraya que el testimonio de Amedo y Domínguez puede resultar insuficiente para incriminar a sus antiguos superiores si, no hay otras pruebas inculpatorias. La reciente sentencia sobre. el caso Nécora, investigado también por Garzón, demostraría la inconsistencia de una instrucción deficiente.

Por otra parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, aseguró ayer en el pleno del Congreso, a preguntas del diputado de IU Antonio Romero, que Francisco Paesa, investigado en su día en el caso GAL, no prestó servicios remunerados al Estado.

Romero, que había formulado su pregunta al presidente Felipe González, replicó: "Lamento que le hayan endosado este marrón. Su respuesta hace estallar de risa a la gente, porque Paesa aparece relacionado con Julián Sancristobál, Luis Roldán, el caso GAL y el Ministerio del Interior. Además, él mismo ha reconocido que ha prestado servicios a España".