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Ya nada es como antes en Simojovel

La lucha por la tierra y el control político en Chiapas divide al municipio en dos bandos irreconciliables

"Ya no se puede salir a la calle. Sobre todo por la noche. Antes nos saludábamos y nos respetábamos. Pero los propietarios han abandonado ya el pueblo. Ahora sólo hay campesinos borrachos diciéndote groserías". Los grandes ojos marrones de Azalea Martínez lanzan destellos de indignación. Ella y sus primos, los Anzurés, forman parte de los valientes, las escasas familias de rancheros y comerciantes, que aún permanecen en Simojovel afrontando una pesadilla a la que no ven el final.En menos de dos décadas, los ranchos y fincas cafetaleras de este municipio, situado al norte de Chiapas (México), han caído en manos de las organizaciones campesinas. Y, en menos de dos meses, el gobierno, municipal, controlado siempre por el oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha cambiado de color tras un golpe de Estado de la oposición de izquierda.

Ahora, Simojovel es uno de los 36 entes autónomos de Chiapas, los municipios que no reconocen al Gobierno oficial del Estado, presidido por el priísta Eduardo Robledo, por considerarlo producto de un, fraude en las elecciones del pasado agosto. Ellos se sienten representados por el Gobierno rebelde de transición, que encabeza Amado Avendaño con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Ejército Zapatista, la guerrilla indígena alzada en armas el pasado 1 de enero. El pueblo, como el Estado, está fracturado en dos.

Desde el bazar de Azalea se ve la plaza central, engalanada para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Los ecos de cánticos y el estallido de petardos y cohetes llegan desde la basílica, en lo alto de una empinada calle surcada por guirnaldas de colores. En la iglesita, llena de flores, velas, y confeti, el padre Joel Padrón habla de la dignidad del indígena, de la desigualdad como la "burda, estampa de México"

Azalea y su gente no participan en la fiesta. "Los compromisos religiosos los ventilamos en Tuxtla [capital del Estado]". Hace tiempo que no pisan la iglesia: "Ese Joel es un demonio". Desde que llegó al pueblo, hace 13 años, "está detrás de todas las ocupaciones de tierras, de todos los enfrentamientos políticos, de todos los problemas dice Guillermo Anzures, médico y ganadero, cuyo padre, Porfirio, fue asesinado por un grupo de campesinos durante la invasión de su finca hace cinco años.

Joel Padrón fue encarcelado durante 50 días en 1991, acusado de fomentar la toma de tierras. La venganza política, dice él, de la oligarquía tradicional. Lo cierto es que la pesadilla de los Anzures constituye la esperanza de este párroco.

"El nuevo Gobierno establecido por Avendaño abre un camino inexplorado. En el territorio zapatista tendrán que aplicarse nuevas formas de gobierno más vinculadas a las comuñidades", comenta el sacerdote. "Sin duda se ha frenado la guerra civil". En Simojovel, la nueva etapa empezó en el mes de octubre y no precisamente de forma tranquila: el PRD logró hacerse con el gobierno local después de un golpe de mano que llevó a la toma del palacio municipal y al bloqueo de los accesos al pueblo. Tras los. balazos llegaron las negociaciones: tres concejalías para el PRD y dos para el Partido del Trabajo (PT), un satélite del PRI. "El PRI reaccionó a través del PT, sus tropas de choque, unos delincuentes armados", dice Padrón. La visión de Guillermo Anzures está en las antípodas: "El pueblo está con el PT. Fueron nuestra defensa".

Los nuevos ediles declararon a Simojovel "municipio autónomo". "Supuestamente así funcionamos ahora. Se rumorea que vamos a pagar impuestos al fulano ese de Avendaño. Eso sería el caos. Si Robledo ganó las elecciones, ¿por qué meten otro gobierno?!", se pregunta Anzures.

La ruptura política en el pueblo, consecuencia directa de la fractura a nivel estatal, tiene también su origen en el cambio radical del régimen de tenencia de la tierra que se ha dado en los últimos 20 años, y que ha expulsado de la zona a numerosos propietarios.

"Robledo no ganó las elecciones. Las ganamos nosotros. Ya basta de engaños. No queremos títeres de dictadura en Chiapas. Apoyamos a Avendaño y no pagaremos nuestros impuestos hasta que se le reconozca", dice en un castellano dificultoso Sebastián Ruiz, líder de la finca La Granja, tomada en 1979 por 37 familias indígenas tzotziles y legalizada después como ejido, una forma de propiedad colectiva.

Al calor del conflicto zapatista, las invasiones de fincas (o las recuperaciones, según la posición del que esté hablando) se han multiplicado. Los recuerdos de "otros tiempo" de Azalea han saltado definitivamente por los aires. Los dos bandos ya están definidos. Y son irreconciliables.

Presencias clandestinas

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