Un senador del PP será juzgado por su gestión como consejero de Aznar

El senador del PP Miguel Pérez Villar será juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como presunto autor de un delito continuado de prevaricación y otro de fraude en 1988, cuando era consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, entonces presidida por José María Aznar. El fiscal le acusa de subvencionar irregularmente a empresas de la minería de León y tener como clientes de una asesoría de su esposa a empresarios que recibieron ayudas.

El magistrado Eduardo Moner, instructor de la causa especial contra el senador del PP, ha decretado la apertura del juicio oral, previsto para los primeros meses del próximo año. En el banquillo se sentarán junto a Pérez Villar su esposa, Rosario Carballos Sánchez, y Javier Augusto Valenzuela Seoane, director general de Economía en la etapa de Aznar.El fiscal solicita para Pérez Villar penas de nueve años de inhabilitación y cuatro millones de multa; para su esposa, seis años y un día de inhabilitacion y multa de cuatro millones y para Valenzuela, nueve años de inhabiltiación. La acusación particular eleva estas penas a 12 años y 20 millones de multa.

El Supremo ha declarado responsable civil subsidiaria a la Junta de Castilla y León en caso de insolvencia de los acusados Pérez Villar y Valenzuela, a cada uno de los cuales ha reclamado una fianza por responsabilidad civil de 50 millones de pesetas. También ha reclamado una fianza de 20 millones a Rosario Carballo.

Según las conclusiones del fiscal, la. empresa Recursos Naturales SA, (Renasa), que carecía de dominios mineros en Castilla-León, requisito indispensable para acceder a las ayudas a la minería, recibió subvenciones por un total de 135.788.007 pesetas, con el criterio favorable del director general de Economía, pese a que el Servicio Territorial de Economía informó negativamente de los expedientes.

Pérez Villar también era titular de una asesoría laboral y fiscal en León, de la que era cliente la Asocación de propietarios de Empresas de Minas de Antracita (Apema), y de la que percibía un millón de pesetas anuales por asesoramiento. Al ser nombrado consejero, Pérez Villar cesó en la dirección, "aunque de forma más, aparente que real", según el fiscal, pues al frente de la misma continuó su esposa, con la que mantiene régimen de gananciales y que continuó manteniendo relación con APEMA.

Pérez Villar y Valenzuela también otorgaron ayudas de casi 14 millones a la empresa Minas de Ventana, que las aplicó al pago de indemnizaciones por despido, incumpliendo las condiciones "deliberada y ostensiblemente", según el fiscal.