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Getafe adjudicó 50 millones en obras a la empresa de la esposa de un edil socialista

Vicente G. Olaya

El informe de la Policía Judicial sobre el caso Arana es demoledor. La brigada de investigación de delincuencia económica y financiera relata en uno de sus 70 folios que Isabel Martín, la esposa del concejal de Mantenimiento de Getafe (José Antonio Serrano, del PSOE), era propietaria en un 25% de la empresa Aucarán, a la que el Ayuntamiento adjudicó 50 millones de pesetas en obras a propuesta de la concejalía de su marido. El estudio policial agrega que las empresas Praper SA y Aucarán SL -propiedad de Enrique Álvarez Arana- facturaron, en los últimos cuatro años, hasta el 30% de su actividad mercantil con el Ayuntamiento de Getafe (144.300 habitantes). Aucarán, incluso, llegó a facturar el 76,11% de su volumen total con el Consistorio en 1993.El caso Arana surgió el pasado mes de marzo cuando El Periódico de Catalunya publicó unas cartas de Enrique Álvarez Arana a su hermano José María -residente en L'Hospitalet de Llobregat- donde le explicaba las razones de que hubiera quebrado su empresa -cuyo avalista era el propio hermano- y le decía como justificación de algunos pagos: "He pagado al PSOE de Getafe alrededor de cuatro millones de pesetas". Y añadía que el empresario había construido un chalé, valorado en 18 millones de pesetas, al concejal socialista José Antonio Serrano, quien sólo pagó por él 2,5 millones de pesetas. El edil supuestamente recibió otros siete millones de pesetas en metálico en concepto de comisiones, siempre según ese texto. Arana fue llamado a declarar más tarde por la juez que se hizo cargo del caso, y el empresario citó también en su declaración a un técnico municipal, que se suicidaría meses después, el pasado abril.

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Los implicados

La Policía Judicial, en el informe que ha presentado ante la juez, comienza revelando la existencia de un entramado de empresas, propiedad de Arana o relacionadas con él- que lograron 209 adjudicaciones de mantenimiento en el Ayuntamiento de Getafe. Álvarez Arana y varios socios, crearon, entre otras, estas dos empresas: Praper (constituida por Arana, Pedro Martín Blanco, Rafael Buenaventura, Santiago López González, Catalina Anillo y Francisco Javier Álvarez); Aucarán (constituida por Antonia Ricis, esposa de Santiago López, María Aurea del Hoyo, esposa de Arana, y Catalina Anillo, esposa de José María Álvarez, hermano de Arana). La Policía indica en su informe: esta última empresa está constituida por esposas de socios de Praper "si bien su verdadero gestor es Enrique Álvarez Arana". De Aucarán, la brigada de investigación destaca que "Isabel Martín Bena, esposa de José Antonio Serrano [concejal de mantenimiento de Getafe hasta abril, mes en el que dimitió tras desatarse el escándalo] adquirió en documento privado un 25% de participaciones sociales en esta sociedad". La Policía Judicial añade que la esposa de Serrano compró las participaciones 11 días después de la constitución de la sociedad y un mes y medio después de que la empresa comenzase a trabajar para el Ayuntamiento de Getafe en porcentajes realmente, significativos".

El alcalcle de Getafe, el socialista Pedro Castro, replicó ayer, en sus primeras declaraciones sobre este caso: "No está demostrado que Isabel Martín sea propietaria de Aucarán. Posiblemente su firma en el documento de compra de la empresa esté falsificada. Los jueces lo están investigando".

En total, las dos citadas sociedades de Arana facturaron con el Ayuntamiento unos 200 millones de pesetas en cuatro años, aproximadamente el 30% de total de su volumen de negocios.

PASA A LA PÁGINA 3

Castro, alcalde de Getafe: "Casi siento que haya dimitido Serrano, se demostrará su inocencia"

VIENE DE LA PAGINA 1El alcalde Pedro Castro da la siguiente versión sobre estos hechos: "Las adjudicaciones a Arana fueron de unos 190 millones de pesetas en cuatro años, una cifra ínfima comparada con los 4.000 millones que invierte cada año este Ayuntamiento en mantenimiento y obras". El regidor continúa: "Si una empresa obtiene de beneficios, aproximadamente, el 22% de las obras, en cuatro años Álvarez Arana no ganó nunca más de 40 millones de pesetas. Es una cifra ridícula dentro de nuestros presupuestos. De esta cantidad habría que descontar las supuestas comisiones que dice que repartió. Todo esto es un despropósito. El globo, que alguien hinchó intencionadamente, se está desinflando. Ahora, casi siento que haya dimitido Serrano, cuya inocencia se demostrará".

Este periódico intentó ayer conversar con el ex concejal implicado, cuyo. teléfono no fue descolgado en toda la tarde. Serrano fue detenido el pasado mayo y encarcelado por orden del juez. Salió de prisión un día más tarde tras pagar una fianza de 30 millones de pesetas.

Posteriormente, el 3 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Getafe rechazó crear una comisión investigadora, merced a los votos de la mayoría socialista. El concejal de Urbanismo, Jesús Neira, negó en aquel pleno cualquier irregularidad en las adjudicaciones concedidas a las empresas de Arana. Señaló como responsable de las adjudicaciones al técnico que se había suicidado.

Sencillo mecanismo

¿Cómo lograba Álvarez Arana las obras? El mecanismo parece sencillo, según el informe policial: casi siempre, sólo las empresas de Arana y de sus socios eran llamadas a determinados concursos por el propio Ayuntamiento.

La policía ha descubierto las siguientes relaciones con Arana de las empresas a las que se hacía el llamamiento:

- Iniciativa y Servicios Especiales de Seguridad. Arana formó parte de esta empresa, a la cual la comisión de gobierno, en 1987, adjudicó la ampliación del sistema de alarmas del consistorio por nueve millones de pesetas.

- C. y C. Construcciones. Propiedad de Paloma Castellano, esposa de Rafael Buenaventura Miret, uno de los socios fundadores de Praper, otra empresa de Arana.

- Suministros Sanfer. Propiedad de María del Carmen Sánchez esposa de Francisco Javier Álvarez Álvarez, otro socio fundador de Praper.

- Del Hoyo. Propiedad de Áurea del Hoyo, esposa de Enrique Álvarez Arana, y que consiguió una adjudicación para pintar los colegios de Getafe por un importe de 10.300.000 pesetas.

- A. G. M. Informática. Esta empresa está representada por María del Carmen Falces Navarro, esposa de Ángel Luis Litago García, socio fundador de Praper.

Todos los proyectos que competían eran muy semejantes, excepto en una mínima diferencia económica. Las empresas pujaban por las obras con presupuestos que sólo variaban un 2% entre sí.

La brigada de investigación de delincuencia económica y financiera. apunta: "Las coincidencias detectadas en la mayoría de los expedientes podrían suponer una. práctica restrictiva de la libre competencia". El Ayuntamiento de Getafe, por su parte, siempre ha responsabilizado a sus técnicos de ser los que invitan a las empresas a las contrataciones directas de las obras municipales.

De esta manera, Arana logró, entre 1989 y 1993, un mínimo de 20 adjudicaciones para su empresa Praper. Las obras ganadas tenían presupuestos que oscilaban entre las 700.000 pesetasy los 20 millones.

Los trabajos realizados por estas empresas para el Ayuntamiento de Getafe eran muy dispares entre sí: incluían, por ejemplo, la instalación de aire acondicionado, la pintura de colegios o el acondicionamiento de edificios municipales. A Aucarán, entre 1991 y 1992, se le adjudicaron cinco obras, con presupuestos entre 600.000 pesetas y seis millones. El informe destaca también que en 1990 el Ayuntamiento de Getafe, adjudicó a Áurea del Hoyo Cuesta, esposa de Arana, la pintura de los colegios y centros municipales. Áurea del Hoyo era, en ese momento, autónoma y bajo el anagrama DH-Del Hoyo.

La brigada también ha descubierto que los negocios de Álvarez Arana resultaban muy variados: llegó a vender sillones de cuero para el Ayuntamiento. Y encubrió este peculiar encargo emitiendo facturas falsas de "limpieza y puesta a punto de la instalación del aire acondicionado", por valor de unos dos millones y medio de pesetas.

Sospechosa coincidencia

El informe policial ofrece también una relación de cantidades entregadas por Arana, en efectivo, "para el presunto pago de comisiones". La cantidad total supera los ocho millones de pesetas.

La policía ha descubierto que la familia Serrano- Martín (el concejal de Mantenimiento y su esposa) suscribió en 1990 varios fondos de inversión por valor de cuatro millones de pesetas. "Estos datos significan que aflora una cantidad en efectivo, cuya procedencia no ha podido determinarse". Los investigadores apuntan que en 1991 se cancelan parte de los fondos por valor de 2.503.000 pesetas: la misma cifra que la suma de dos de los asientos de los libros contables de Praper, "correspondientes a trabajos realizados o a entrega de bienes para el chalé que ambos poseen en Ugena" (Toledo) (véase EL PAÍS del 10 de junio).

Los investigadores concluyen: "La coincidencia de ambos importes y sus fechas puede hacer sospechar que la confección se ha efectuado previo acuerdo entre Enrique Álvarez Arana y José Antonio Serrano, sin que sean consecuencia de una prestación real de servicios. Puede que dichas facturas hayan servido como instrumento para justificar parte de las obras que realizaba [Álvarez Arana] gratuitamente en el chalé particular de aquél" [Serrano].

Ninguno de los abogados de los implicados quiso ayer hacer declaraciones a este periódico. "Se están diciendo muchas mentiras sobre este asunto", aseveró el letrado que representa a José Antonio Serrano.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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