González afirma que la ampliación del aborto se ha retrasado por su propia decisión

La sesión de control en el Pleno del Congreso sirvió ayer para que el presidente del Gobierno asumiera plenamente la responsabilidad del retraso en el envío a la Cámara del proyecto de reforma de la regulación del aborto. Felipe González, en respuesta a una pregunta de IU-IC, aseguró que el plazo anunciado para enviar el proyecto, del 31 de julio, "no se cumplió y además se debe a la responsabilidad del presidente del Gobierno". El jefe del Ejecutivo añadió que "desde el punto de vista político era preferible esperar al próximo periodo de sesiones", que acaba en junio.

La diputada de IU-IC Presentación Urán espetó a González: "Nos encontramos con un Gabinete y un grupo parlamentario desautorizados por el propio presidente", dijo. En clara referencia a CiU, acusó a González de convertir "los derechos y libertades de las mujeres en monedas de cambio susceptibles de utilización en periodo electoral" para abandonarlo luego por presiones.González replicó que la regulación del aborto fue una iniciativa socialista y que la modificación es un compromiso electoral que se cumplirá "al hilo del debate sobre el Código Penal", para concluir que "tanto la iniciativa anterior, que produce el primer caso de respeto a los derechos de la mujer, como la iniciativa actual, serán el resultado de la voluntad política de este grupo y de este Gobierno y no de la suya".

[El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, anunció ayer en los pasillos del Congreso que la nueva regulación del aborto será aprobada previsiblemente antes que el nuevo Código Penal.]

El secretario general del PP, Francisco Álvarez Calcos, preguntó a González si consideraba que "el proceso abierto en el asunto Filesa se puede calificar de juicio político". Se refería, sin mencionarla, a una expresión contenida en la carta de apoyo a Guillermo Galeote, ex secretario de finanzas del PSOE, que fue firmada por González y la mayoría de los diputados socialistas.

La respuesta fue lacónica: "Si se refiere al procedimiento judicial en curso, no". Álvarez Cascos inició entonces la estrategia habitual del PP en las sesiones de control de los miércoles: formular imputaciones directas y personales al presidente sobre casos de corrupción.

El diputado popular le dijo a González que "no ha hecho nada más que firmar esta carta de solidaridad con uno de los inculpados". Álvarez Cascos recordó a González que en marzo de 1993 se comprometió ante un grupo de estudiantes "a asumir las responsabilidades del escándalo Filesa, incluso, si llegara el caso, la de dimitir".

Para el dirigente popular se han conocido desde entonces "pruebas testificales, documentales y periciales que ponen de manifiesto, como en este informe de los peritos [solicitado por Marino Barbero], que la trama de Filesa recaudó 1.034 millones de pesetas" para el PSOE.

Además, acusó a González de impulsar "procesos de deterioro de las instituciones" hablando de "vendaval democrático para descalificar a la oposición", atacando a la prensa "con calumnias como la del sindicato del crimen" o desacreditando a la Justicia con referencias a "juicios políticos". El diputado concluyó que, si González "se empeña, un viejo eslogan socialista cobrará actualidad con una nueva frase: 'Partido Socialista, cien años de honradez y doce de Felipe González".

Éste replicó que el PP intentó "polítizar y mediatizar la intervención de la justicia" en el caso Filesa y que ahora trata de "anticipar las conclusiones" de la comisión de financiación de los partidos. Para González, Álvarez Cascos había hecho "un juicio político paralelo de una carta que es de solidaridad, en la que me reafirmo, con un compañero que hace 30 años ya luchaba, por las libertades, cosa que ustedes no pueden decir".