Ex concejales y personas próximas al alcalde pugnan por las gasolineras

VIENE DE LA PÁGINA 1"Yo gestioné la compra del terreno, financiada finalmente por CEPSA", dice Larraz, "pero ni he hablado jamás con un concejal sobre el tema ni he presentado jamás en el Ayuntamiento un papel firmado por mí".

Tanto en anómimos como en conversaciones privadas se asegura que otro ex concejal, el socialista Ramón Muñagorri -dimitió de su cargo hace dos años-, es propietario de otro terreno similar. El dato es falso; Muñagorri dice no poseer solar alguno. Pero el ataque contra él puede tener origen en que en su despacho profesional figura como cliente un gasolinero que optará al concurso.

Larraz y Muñagorri no son los únicos que han tenido o tienen buenas relaciones en el Ayuntamiento y que hoy cuentan con intereses en el sector de las gasolineras. Fernando Castaño, cuñado del alcalde, José María Álvarez del Manzano, es accionista de Comercial Sama, sociedad con dos estaciones de servicio en la capital: una en la calle Antonio López, y otra en la calle Ofelia Nieto. Además, preside la Asociación de Gestores de Gasolineras y es presidente de honor de las de Madrid y de España.

La de Antonio López la tiene hace decenas de años y la de Ofelia Nieto la obtuvo con licencia concedida por el anterior Ayuntamiento, gobernado por los socialistas. En este caso, además, Castaño fue obligado previamente a ceder el terreno a Servimadrid -empresa creada en 1986 por el Ayuntamiento y Campsa- por 25 millones (el Ayuntamiento se lo está pagando a razón de un millón al año) y él paga un canon de 2 millones al mes por explotar el negocio. "Ya ve en qué me beneficia ser cuñado del alcalde", comenta Castaño, quien recuerda que los tribunales han declarado ilegales los actos de Servimadrid, pero él aún paga sus consecuencias.

Sobre Castaño, que no es del PP, se asegura que será beneficiado por el concurso. Por el contrario, él afirma que quizás ni se presente y que, por el momento, prefiere conocer mejor las expectativas comerciales. Además, critica el concurso por entender que Madrid no necesita más gasolineras, y mucho menos la cifra (70) que se prevé conceder.

Quien sí milita en el PP y consiguió hace tres años la licencia para una gasolinera -no en Madrid capital, sino en la comunidad- es Rogelio Baón, diputado en el Parlamento. Baón gestionó la correspondiente licencia para instalar una estación de servicio en la carretera de Valdemorillo a El Escorial, y después alquiló la parcela de su propiedad a la multinacional Shell. "No ha intervenido en todos los trámites ni un solo órgano o institución dirigida por mi partido", afirma Baón, quien asegura tener declarada esa propiedad en el Registro de Intereses.

José María Paz Casañé, ex director de Vías Públicas y ex delegado de Obras, y jubilado hace tres años, también posee, según narra él mismo, el 10% en tres gasolineras madrileñas, gestionadas ahora por su hijo, Luis Adolfo Paz Sánchez. Una de estas gasolineras está situada en la carretera de La Coruña, cerca del hipódromo, y es una de las más rentables de Madrid, según la patronal. Fuentes del sector aseguran que Paz pretende participar en el concurso.

Otro dato usado como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento, concretamente contra Areitio, es el supuesto trato de favor recibido por Feliciano Rivilla, ex jugador de fútbol, quien recientemente obtuvo licencia para una nueva gasolinera que se abrió el pasado septiembre -las licencias estaban en suspenso desde 1992- en un lugar tan privilegiado como Sinesio Delgado.

En efecto, esa licencia se dio a dedo, pero Areitio aclara su origen: Rivilla tenía una gasolinera en la calle de Alcalá y el Ayuntamiento se la expropió; a cambio, le concedió una licencia en un terreno próximo al cementerio de La Almudena, pero las protestas vecinales obligaron a buscar otra ubicación. Y así surgió la de Sinesio Delgado, pese a que el terreno era uno de los 70 marcados para que saliera a concurso.

El previsto concurso de gasolineras en Madrid es el de mayor volumen registrado en España, y probablemente también en el mundo. La fuerte pugna de intereses se detecta estos días, entre otras cosas, en las acusaciones de trato de favor que se cruzan los tres sectores comerciales: multinacionales españolas, multinacionales extranjeras y gasolineros privados.Desde las multinacionales extranjeras, hay coincidencia en asegurar que las españolas Repsol y Cepsa -el pacto del RACE les adjudica 52 de las 70 gasolineras- reciben ese trato favorable. Ambas, por el contrario, ponen de relieve su gran presencia en el sector, por lo que las nuevas adjudicaciones han de tener en cuenta la proporcionalidad respecto a la situación actual. Repsol, por ejemplo, construye el 40% de las 250 nuevas gasolineras que se instalan al año en España y reclama un porcentaje similar de las 70 nuevas que habrá en Madrid.

Por su parte, los españoles consideran que, si se cumpliera el pacto del RACE, algunas multinacionales extranjeras, como Saroil (5 estaciones) y Petrogal (4), resultarán excesivamente beneficiadas en comparación con lo que representan en el sector. Desde Petrogal, se argumenta que esta compañía portuguesa tendrá a final de esteaño 125 gasolineras en España, y que es la petrolera extranjera que más estaciones ha construido desde 1990 en nuestro país.

Desde Saroil, también califican de "falsedad" que reciban trato de favor, porque, comentan, esa multinacional italiana es el primer operador petrolero en España por volumen de ventas (casi un millón de metros cúbicos en 1994) después de las refinerías españolas. Añaden que, aunque sólo poseen tres estaciones en España (Sevilla, Badajoz y Madrid, suministran a un centenar más. "Si preocupa tanto la presencia de Saroil en Madrid, donde las refinerías españolas tienen un. monopolio casi absoluto", agregan, "es porque temen que nuestra empresa inicie en la capital, como ya hacemos en otras ciudades, una política de descuentos similar a la habitual en Europa, lo que rompería la actual situación de hacer pagar a los madrileños los precios máximos por las gasolinas que consumen".

Hoy se estima que el precio medio de compra de una gasolinera en Madrid supera los 700 millones de peseta. Como media, una gasolinera en Madrid vende diez millones de litros al año. La concesión del Ayuntamiento, según las normas del previsto concurso, será por 75 años. Anualmente, el explotador pagará un canon de 0,5 pesetas por cada litro vendido.