EE UU marca un nuevo récord en la aplicación de la pena de muerte
Un ejecutado y otros dos previstos en Tejas a lo largo de esta semana, más otros tres en Indiana, Pensilvania [el juez aplazó al lunes la ejecución] y Misuri, marcarán un nuevo récord en el número de personas a las que la justicia quita la vida desde que la pena de muerte fue, restaurada en Estados Unidos en 1976. En ninguno de esos cuatro Estados el número de asesinatos se ha reducido en ese periodo. Al contrario, los años ochenta registraron la mayor explosión de delincuencia en la historia del país. Pero una mayoría de norteamericanos sigue creyendo en la pena capital como el mejor antídoto contra los criminales.
Hasta el hogar de la estatua de la Libertad, el Estado de Nueva York, uno de los símbolos del liberalismo norteamericano, se sumará pronto a los 36 Estados cuyas legislaciones, incluyen la máxima pena. Una vez superado el escollo de Mario Cuomo, el activista antipena de muerte derrotado en las elecciones del 8 de noviembre, un 57% de los neoyorquinos respaldan la propuesta del nuevo gobernador republicano, George Pataki, de reimplantar la silla eléctrica. Esa corriente se ve favorecida también en otros lugares tras la victoria republicana del pasado 8 de noviembre. De hecho, la ejecución de Pensilvania, aplazada al 23 de diciembre, será la primera desde 1962.Por el contrario, en Tejas, Estado que está a la cabeza en número de ejecuciones en EE UU, fue ajusticiado ayer mediante una inyección letal Herman Clark, de 48 años, condenado a muerte por el asesinato, en 1981, del novio de una mujer a la que intentaba violar.
Las estadísticas demuestran que no existe ninguna relación entre la aplicación de la pena de muerte y el número de actos de violencia. En Nueva York, el porcentaje de asesinatos no es mayor que el de Maryland, y es inferior al de Luisiana o Tejas, Estados con pena capital. En Alaska, el número de crímenes se ha reducido a la mitad sin hacer uso de la silla eléctrica. Y en ninguno de los 12 Estados restantes cuyas legislaciones no incluyen la pena de muerte, ha aumentado de forma apreciable el número de homicidios.
Tampoco hay muchos argumentos jurídicos a favor de ese método. El juez Lewis Powell, considerado el arquitecto de la reinstauración de la pena de muerte por el Tribunal Supremo, escribió tras abandonar esa institución, en 1987, que ese método de justicia "desacredita el conjunto del sistema legal norteamericano". Otro de los miembros del Supremo de 1976, Harry Blackmun, se arrepintió también de su decisión y pidió a los jueces que dejen de "jugar con la máquina de la muerte".
Las razones económicas están también del lado de los enemigos de la pena de muerte. Un estudio de la Universidad de Duke muestra que mantener a un preso en la cárcel durante 20 años le cuesta al Estado 166.000 dólares (unos 21,5 millones de pesetas), mientras que condenarlo a muerte -lo que requiere un proceso más largo y complejo- supone 329.000 dólares (alrededor de 43 millones de pesetas). Desde la reinstauración de la pena de muerte en EE UU han sido ejecutadas 248 personas de las casi 3.000 condenadas a muerte.
La mayoría de la clase política comparte la inclinación de la población hacia la pena de muerte, una inclinación que no disminuye sino que aumenta. El propio presidente Bill Clinton, respalda esa opción, cuyas raíces hay buscar en lo más profundo de la historia norteamericana,
Ricardo Villalobos, coordinador de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte, destaca el hecho de que los condados de Tejas con mayor número de ejecutados son también aquellos en que la práctica del linchamiento fue más habitual en los dos últimos siglos. "Creo que los norteamericanos apoyan la pena de muerte por el miedo que está enraizado dentro de ellos, por la existencia del racismo, por la historia de la pena de muerte y por la conexión entre esos tres fenómenos", afirma.
