Serra impone a Saavedra el mantenimiento y potenciación de los gobernadores civiles

La centenaria figura de los gobernadores civiles no desaparecerá. Al contrario. La nueva Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración (LOFAGE) los mantiene con su actual nombre, les otorga un papel político, y amplia sus competencias. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, recordó ayer que la supresión de esta figura es una reivindicación histórica del catalanismo político y advirtió que Convergencia i Unió (CiU), cuyo apoyo es imprescindible al Gobierno, sólo aceptará una decisión respecto a los gobernadores civiles en Cataluña: su desaparición.

Pujol, no obstante, se mostró escéptico sobre el carácter definitivo de la posición del Gobierno, ya que las declaraciones oficiales en los últimos tiempos "han sido muy contradictorias", dijo, en alusión al anuncio de la supresión de los gobernadores civiles que hizo el Ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y a la posterior defensa de esta figura por el responsable de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. "El día que estén de acuerdo [entre si] sobre lo que plantean, ya hablaremos", agregó el presidente catalán en Molins de Re¡ (Barcelona).El proyecto de ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) no sólo mantiene los gobernadores civiles, sino que potencia a los delegados del Gobierno, que en el futuro dependerán directamente de la Presidencia del Gobierno y no del departamento de Interior, como hasta ahora.

Todo el poder para Moncloa

Serra emerge como vencedor, de la batalla que emprendió hace mes y medio el ministro para las Administraciones Públicas, para vaciar de contenido político el papel de los gobernadores. El pasado 21 de noviembre, Serra mantuvo una reunión con Saavedra en La Moncloa, en la que el vicepresidente rechazó las pretensiones del ministro e impuso las tesis de la mayoría del Gobierno.

Pero el pulso no sólo lo ha perdido Saavedra. También ha salido derrotado en cierta medida el ministro Juan Alberto Belloch. Aunque prospera su posición de que el de gobernador civil sea un cargo político, desaparece la competencia exclusiva que el departamento de Interior ejercía sobre esta figura y pierde además a los delegados del Gobierno, que pasan a depender de la Presidencia.

Tanto los gobernadores como los delegados serán nombrados por decreto de la Presidencia del Gobierno. De ese modo, se concentrará en La Moncloa todo el poder territorial, actualmente disperso.

Saavedra ha tenido que ceder en su empeño de reducir al gobernador civil al papel de mero subdelegado, ocupado por un alto funcionario o gestor y no por un político. Su posición en el Gobierno ha quedado debilitada, pues esta pretensión, que ha salido derrotada, la expuso públicamente ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso el pasado 19 de octubre.

Con la próxima aprobación de la LOFAGE, la batalla dentro del Gobierno sobre los gobernadores civiles toca a su fin. Una de las principales pretensiones del proyecto es garantizar el papel político y la imagen del Estado en todo el territorio, según el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Constantino Méndez, y a ello se aplicarán tanto el delegado del Gobierno, en la comunidad autónoma, como el gobernador civil, en la provincia.

El gobernador civil, al que acompañará un gestor de la Administración, dependerá del delegado del Gobierno y asumirá todas las competencias del Estado en la provincia, actualmente deslabazadas por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Con ello aumentará su papel, hasta ahora reducido al de coordinador de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Se trata de que la Administración funcione de forma eficaz y sencilla, tanto en la comunidad autónoma como en la provincia. En ésta última habrá un responsable político y otro funcional" asegura Constantino Méndez. El aumento de las competencias de los gobernadores civiles les obligará a mantener relaciones con todo el Gobierno, lo que justifica que pasen a depender de la Presidencia y no del Ministerio del Interior.

El proyecto de ley formalizará también una conferencia, previsiblemente mensual, de los 17 delegados del Gobierno con un representante del Consejo de Ministros en quien delegue el jefe del Gobierno. Su finalidad es potenciar la visión política global (del Estado en el territorio. El coordinador de los delegados del Gobierno será probablemente el propio vicepresidente del Ejecutivo.

Otra de las finalidades de la LOFAGE es ordenar la presencia del Estado en el ámbito central con la separación entre los niveles político y funcionarial en la Administración, "confundidos desde la etapa fra nquista", según Méndez. La futura ley distingue tres niveles: político (ministros y secretarios de Estado); órganos de apoyo del Gobierno (delegados del Gobierno y gobernadores civiles); y administrativo (desde los subsecretarios y directores generales hacia abajo). Hasta ahora, el nivel administrativo tenía su cúspide en el puesto de subdirector general.