Los asaltantes del cuartel de La Tablada hacen huelga de hambre para exigir amnistía al Congreso argentino

Las 20 personas encarceladas desde hace seis años por el asalto al cuartel de La Tablada, el 23 de enero de 1989, y una más detenida en septiembre de este año se han declarado en huelga de hambre en solicitud de amnistía. La demanda se dirige al Congreso argentino. Entre los presos que hace 12 días comenzaron la protesta figuran dos con nacionalidad española: Joaquín Ramos y Luis Ramos, también condenados a cadena perpetua.

Los huelguistas recuerdan que la fracasada intentona tuvo lugar después de las sublevaciones militares de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. "Nos alentaba el propósito de contribuir a frenar un nuevo avance autoritario sobre la sociedad argentina". Uno de los muertos fue Pablo Ramos, hermano de Joaquín, detenido dentro del regimiento con otros integrantes del grupo asaltante. En una fotografía se le veía con las manos en la nuca.Los presos denuncian que la represión fue brutal y "no se investigaron los asesinatos, ni las desapariciones dé compañeros detenidos durante la acción, o concluida la misma". Citan los casos de dos de ellos y las imágenes de televisión que muestran el instante en que, "caminando con los brazos en alto tropas del Ejército les disparan con el evidente fin de fusilarlos". En el juicio, los militares reconocieron su captura, pero dijeron que habían escapado. Ni ellos ni sus cuerpos aparecieron nunca.

La liberación de los 21 prisioneros fue pedida al presidente Carlos Menem, durante su viaje a México para asistir a la investidura presidencial de Ernesto Zedillo, por diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. "Constatamos que (el juicio) careció de las suficientes garantías procesales", recuerda la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Hace un año, los abogados defensores de los detenidos interpusieron recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuentes familiares informaron a este diario que diputados argentinos tenían la intención de plantear el asunto en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso nacional.