El fiscal del Supremo pide la inhabilitación de Ballesteros, pero informa a favor de su absolución

El fiscal del Tribunal Supremo Alejandro del Toro Marzal pidió ayer "formalmente" al Tribunal Supremo que confirme la condena de seis años de inhabilitación, por un delito de prevaricación, al ex máximo responsable de la lucha antiterrorista Manuel Ballesteros, pero, en uso de su "libertad de palabra", se pronunció a favor de la absolución. Una veintena de comisarios, entre los que se encontraba Jesús Martínez Torres, respaldaron con su presencia a Ballesteros, que 14 años después delatentado al bar Hendayais, en Francia, sigue sin revelar la identidad de los supuestos asesinos.

El recurso de ayer era el último pulso entre Ballesteros y los jueces y fiscales del País Vasco por el atentado al bar Hendayais. En 1985, Ballesteros fue condenado por la Audiencia de San Sebastián por negarse a revelar la identidad de los tres individuos que en noviembre de 1980 cruzaron violentamente la frontera franco española poco después de cometerse en Hendaya (Francia) un atentado en el que murieron dos personas. Como responsable de su liberación, Ballesteros fue condenado a tres años de inhabilitación por denegación de auxilio a la justicia.Al año siguiente, el Supremo revocó la condena y absolvió a Ballesteros. La Audiencia de San Sebastián volvió a juzgarle en febrero de este año por los mismos hechos, pero duplicó la condena, a seis años, por un delito de prevaricación.

En su informe al Supremo, el fiscal explicó su oposición formal a todos los motivos de casación porque así lo acordó la Junta de Sección de la Fiscalía con el refrendo del fiscal del Estado. "Ahora bien, una cosa es la obediencia, y otra la libertad de palabra de quien infoirma", agregó el fiscal, quien a, partir de ese momento defendió con ahínco la absolución de Ballesteros.

Según el fiscal, "de las 39 líneas y media de hechos probados de la nueva sentencia" sólo se desprende que! tres individuos cruzaron ilegalmente la frontera y chocaron con un vehículo estacionado. Al no haber delito en ninguna de esas actividades, no cabe deducir que Ballesteros incurriese en prevaricación por dejar de promover maliciosamente la persecución y el castigo de delincuentes.

Para el fiscal Alejandro del Toro, Ballesteros no dio cuenta a la autoridad judicial de que se estaban practicando unas diligencias, por lo que debe ser castigado con una multa de 250.000 pesetas. El fiscal expresé su "perplejidad" por el hecho de que Ballesteros no ordenase expedientar a sus compañeros policías, que, a su entender, cometieron un delito de "detención ilegal" de los tres individuos que atravesaron la frontera. Para Del Toro, el cruce ilegal de aduana que refleja la Audiencia de San Sebastián no es motivo bastante para ordenar la detención y Ballesteros "pecó de gremialismo" por no dar parte de sus compañeros.

Cosa juzgada

El fiscal añadió que los hechos eran ya "cosa juzgada" porque entre la primera sentencia de San Sebastián, luego anulada por el Supremo, y la de febrero de este año, existía identidad de la persona y del hecho enjuiciado, con independedencia de su calificación jurídica. En ese sentido, dijo que los hechos de la segunda sentencia eran una "reducción literal" de la primera y enumeré hasta las líneas que resultan idénticas entre una y otra resolución judicial. En consecuencia, pidió que no hubiera pronunciamiento sobre unos hechos ya enjuiciados con anterioridad.Según fuentes del Supremo, la posibilidad de que un fiscal disienta "de palabra" de la postura formal del ministerio fiscal no es habitual, pero está contemplada en el Estatuto de los fiscales. No osbtante, las fuentes consultadas no recordaban que nunca se hubiera producido tal situación en un asunto de tanta envergadura como el caso Ballesteros, máxime cuando la postura a seguir había sido acordada por la Junta de Fiscales de lo Penal con el refrendo del fiscal general del Estado.

El acusador particular en representación de cinco ayuntamientos vascos, Miguel Castells, pidió que la pena de inhabilitación se eleve a 10 años, en tanto que el defensor de Ballesteros pidió su libre absolución, y en caso de no estimarse sus motivos, solicitó que el Supremo informe a favor del indulto del comisario.

Flanqueado por mandos policiales y colaboradores suyos en la lucha contraterrorista, el comisario Ballesteros siguió los alegatos jurídicos sin dejar traslucir ninguna emoción especial.