La Comunidad quitó ocho hijos a una pareja que vive acampada influida por unos informes de la Generalitat

Los servicios de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid decidieron el lunes quitar sus ocho hijos a una pareja acampada en Villaverde Bajo y desconocida en los servicios sociales madrileños porque la Generalitat de Cataluña les avisó de que, cuando ellos estaban a punto de hacer lo mismo, la familia escapó de Barcelona rumbo a Madrid" (véase la última página de EL PAÍS de ayer).Para el sacerdote vallecano Enrique Castro, fundador de la Coordinadora de Barrios, que ayuda a esta familia desde que en verano llegó a la capital, "no puede ser que la transmisión de informaciones sobre familias pobres llegue a ese nivel y sin embargo no se avance en solucionar sus problemas".

La familia -formada por Enrique Heredia, de 47 años, Josefa Zamorano, de 37, y sus ocho hijos, de 3 a 14 años- está muy unida por el cariño, pero sumida en la pobreza y todas sus consecuencias. Antes de que el pasado lunes la Comunidad adoptase la medida de retirarles a los niños de la tienda de campaña donde viven, no habían recibido ninguna atención de los servicios sociales madrileños. Esta decisión drástica de llevar a los ocho niños a un internado sin haberles ayudado a resolver sus problemas ha sido duramente criticada por Castro y la Coordinadora de Barrios.

La directora del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia (Imain), Dolores Abad, explica que la decisión partió de unos informes previos de los servicios de infancia (le la Generalitat de Cataluña, ya que la familia ha vivido en Barcelona durante años.

"La Generalitat estaba a punto de tutelar a estos niños porque presentaban problemas de desnutrición y otras carencias, pero la familia huyó rumbo a Madrid para evitar la intervención y nos pusieron sobre aviso", asegura.

Como los Heredia Zamorano vivían en una tienda de campaña, y la policía ya había acudido varias veces a ver qué hacían allí, los servicios de tutela pronto supieron de su presencia en Madrid y cruzaron sus datos con los de Cataluña. "Nuestra primera misión es proteger a los niños; ahora que están bajo techo y bien alimentados, hablaremos con los padres, estudiaremos su situación y contactaremos con los servicios sociales para intentar reagrupar a la familia, pero existen problemas, como la falta de vivienda, que nosotros no podemos resolver", añade Abad.

"Es cierto que hay niños en chabolas, con problemas de educación y salud y que siguen con sus padres, pero también es verdad que en esos asentamientos intervenimos a menudo y que, por desgracia, también hay situaciones que se nos escapan".

Castro, que lleva desde 1982 acogiendo por su cuenta a niños y jóvenes de ambientes marginados, critica la forma como ha actuado la Comunidad y asegura que es un procedimiento que se repite: "Los niños están internados en un centro del que no pueden salir, y todo eso se ha hecho sin hablar con los padres y sin que hubiera un solo indicio de maltrato; eso sí, son pobres".