Un comité parlamentario aprueba medidas de choque contra la corrupción en Francia

Un comité especial de la Asamblea Nacional francesa concluyó el jueves un informe sobre la corrupción. En 650 páginas, los diputados urgen a que se vigile más de cerca el patrimonio personal de cargos electos y altos funcionarios, a que se prohiba la manciación de los partidos por parte de las empresas, a que sean limitados drásticamente los gastos electorales y a que se establezca un control centralizado sobre contratas públicas.

El comité de diputados, dirigido por el propio presidente de la Asamblea Nacional, el gaullista Philippe Séguin, ha recibido el testimonio y las opiniones de once altos funcionarios y juristas. El informe, cuyo contenido publicó ayer el diario Le Monde, se divide en cuatro apartados.

CONTRATAS PÚBLICAS

Los mecanismos de las contratas públicas y las concesiones de servicios públicos, se señala en la introducción, "pueden prestarse, pese a los esfuerzos del legislador, a todo tipo de prácticas sobre las que dan una idea las crónicas judiciales recientes: falsas facturas, circuitos de financiación oculta, intereses Ilegales, corrupción". El problema es especialmente grave por "el volumen de las sumas consagradas a las contrataciones públicas, que se elevan cada año a muchos cientos de miles de millones".Las principales leyes francesas sobre ordenación de los mercados públicos son dos emitidas por el anterior Gobierno socialista, cuando los casos de corrupción en sus filas ya dañaban seriamente su credibilidad política: la del 3 de enero de 1991, por la que se creó una comisión interministerial con poderes para investigar cualquier sospecha de corrupción, y la del 29 de diciembre de 1993, que estableció normas de transparencia y publicidad. La comisión constata en su informe que "la eficacia [de ambos textos] se ha visto un poco atenuada" por una nueva ley aprobada por el Gobierno conservador de Edouard Balladur, la del 8 de agosto de 1994.

La ley de Balladur permitió la adjudicación a dedo de obras y servicios de un importe menor a los 1,35 millones de francos (unos 32 millones de pesetas), para, según la explicación dada en su día, reducir burocracia en servicios como el transporte es,colar. Robert Bouchery, ex presidente de la Comisión de Prevención de la Corrupción, fue muy expresivo al comentar antelos diputados ese "paso atrás" legislativo: "Las queridas cabecitas rubias [de los escolares] sirven a menudo de coartada...".

Propuestas: Restablecer la ley de 1993, por lo que todo contrato público deberá ser transparente, sea cual sea el importe; obligar a que todas las empresas concesionarias publiquen en un informe anual detallando las cuentas de su negocio; reforzar los controles obligando. a que cada concesión sea supervisada por funcionarios con acceso al asesoramiento de los servicios centrales anticorrupción, que ahora disfrutan sólo los jueces. Los diputados creen, por ejemplo, que las dos principales empresas del sector, Lyonnaise y Générale, se han hecho demasiado poderosas y capaces de influir en las autoridades locales. En este sentido, la comisión pide al Gobierno que reflexione sobre los textos constitucionales referentes a "los servicios públicos nacionales y los monopolios de hecho".

FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS

La actual legislación francesa sobre el dinero de los partidos sufre la distorsión de las disposiciones de autoamnistía aprobadas bajo la Administración socialista de 1990, y el comité reconoce la perversidad de la financiación por parte de las empresas: "Las personas jurídicas, las empresas en particular, no pueden consentir donativos sin esperar una compensación", por lo que la financiación de los partidos por parte de las empresas "constituye inevitablemente una amenaza para la independencia de los cargos electos o los partidos".Propuestas: Aumentar la subvención estatal a los partidos, no sólo en las elecciones presidenciales y legislativas (como en la actualidad) sino en todo tipo de comicios; fomentar, con desgravaciones fiscales a los donativos, la participación de las personas físicas en la financiación de los partidos; y fijar topes muy estrictos a los gastos de publicidad electoral, aunque sin llegar al límite de "favorecer a los candidatos muy conocidos a expensas de los recién llegados".

PATRIMONIO DE LOS CARGOS PÚBLICOS

Sólo el presidente de la República está obligado actualmente a hacer pública su declaración patrimonial a su llegada al Elíseo; debe también hacerla pública al término de su mandato, pero no existen mecanismos ni sanciones para obligarle a ello.Los parlamentarios deben comunicar igualmente su patrimonio ante una comisión, pero esa información se guarda en secreto y, en ocasiones, no es mas que un párrafo escrito a mano con una vaga enumeración de bienes. El Senado rechazó en 1992 una propuesta de ley que hubiera obligado a los parlamentarios a depositar una copia de su declaración de la renta.

Propuestas: El comité propone que se exija la declaración de bienes a todos los cargos electos, salvo municipios pequeños, y a los altos funcionarios.

INCOMPATIBILIDADES

La acumulación de cargos es uno de los males de la democracia francesa. De los 577 diputados, por ejemplo, cuatro son igualmente eurodiputados, 89 son consejeros de gobiernos regionales (en nueve casos, también presidentes de esos gobiernos), 22 presiden consejos regionales, 20 son concejales de París y 83 son alcaldes. También hay problemas con las actividades profesionales al margen de su escaño.Propuestas: El comité propone que se prohiba a los parlamentarios la pertenencia a consejos de administración y la realización remunerada de informes estudios, exceptuando a los profesionales liberales; que no puedan ocupar grandes alcaldías o presidencias regionales; y, para que no se vean tentados de buscar el dinero, que el Estado aumente las asignaciones para viajes y publicidad.