Jueces de barrio

UNO DE los errores más señalados de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985 fue la supresión de la llamada justicia municipal o de distrito. Ahora, no se sabe si con el mismo nombre o con otro distinto, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, parece querer resucitarla con la pretensión de dar una respuesta rápida al fenómeno de la pequeña delincuencia en las áreas urbanas.Se sabe poco todavía sobre el perfil y las competencias de esos anunciados jueces de barrio. Aunque el proyecto está aún en fase incipiente, los datos que han trascendido han despertado serias discrepancias en el seno de la comisión que elabora el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

La desaparición de la justicia municipal se justificó por la exigencia constitucional de unificación jurisdiccional. No era admisible la existencia de dos modelos de jueces profesionales -los de primera instancia e instrucción y los de distrito-, diferenciados por su nivel de formación y por su modo, de selección. Pero su unificación debió ser compatible con el mantenimiento de la organización de la justicia de distrito. El error, pues, fue desmantelarla y acumular sus competencias -faltas y delitos menores- a la riada de asuntos que colapsaban a los juzgados ordinarios. Desde entonces, la lentitud judicial, reprochable en todos los asuntos, se ha hecho sentir con más fuerza en los pequeños -la llamada delincuencia callejera, los delitos de tráfico, las riñas domésticas o vecinales, etcétera-, que son los que más sensibilizan a los ciudadanos.

No es extraño que los gobernantes y muy especialmente los ministros de Justicia e Interior, hayan soñado siempre con un sistema de justicia rápida capaz de dar respuesta inmediata a la delincuencia más próxima al ciudadano. No hace todavía tres años, el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, apadrinó una ley de medidas urgentes de reforma procesal para implantar una especie de juicios rápidos en las ciudades que acogieron los acontecimientos del 92. Y ahora Belloch pretende extender ese sistema u otro de contornos todavía indefinidos al ámbito urbano en general.

Sea cual sea el sistema elegido, lo que parece obvio es que deberá estar incardinado en la jurisdicción. No tendría sentido haber hecho desaparecer a los jueces de distrito por exigencias de unificación jurisdiccional para luego crear otros situados al margen. Además, no sería constitucional. Unos jueces de barrio, o como se llamen, que asuman competencias penales (faltas y delitos menores) e incluso civiles (reclamaciones de cantidad hasta un determinado límite) no pueden en modo alguno tener encaje en el actual modelo político de elección de los jueces de paz. Tampoco lo tendrían en ese otro modelo no menos político que se apunta, según el cual tales jueces serían profesionales del derecho, pero directamente designados por el Ministerio de Justicia. El modelo de juez está en la Constitución, y no hay otro.

En todo caso, el objetivo de una justicia más ágil eficaz en la lucha contra la delincuencia -la menor y la de altos vuelos- no depende tanto de nuevos jueces como de una Administración de justicia mejor organizada y más estrechamente coordinada con las fuerzas de seguridad del Estado, como se ha puesto una vez más de manifiesto en el caso del presunto autor del asesinato de los dos taxistas de Madrid. En este terreno no existe obstáculo, constitucional alguno que impida avanzar mucho más de lo que se ha hecho. Mientras la justicia no logre superar los problemas que la aquejan -falta de medios técnicos e informáticos, métodos de gestión y de trabajo inadecuados, organización desfasada, sistema de citaciones inadaptado a las exigencias del proceso, descoordinación con sus órganos auxiliares, principalmente instancias policiales 37 penitenciarias...-, propuestas como la de los jueces dé barrio, ahora, o la de los juicios rápidos, antes, deberán ser tomadas con escepticismo.