Los combates desmienten el teórico alto el fuego angoleño

ENVIADA ESPECIALEl alto el fuego entró en vigor en Angola el martes, de acuerdo con el calendario previsto en el acuerdo firmado por la Unión Nacional para la Independencia otal de Angola (UNITA) y el Gobierno angoleño el domingo pasado. El anuncio, hecho a través de la emisora rebelde, que dirigió un comunicado del Estado Mayor de las FALA (ejército de la UNITA), no fue suficiente para disipar el escepticismo de la población de Luanda, más atenta a las informaciones militares que relatan violentos combates en curso en varios puntos del país. Una nota de optimismo venía ayer, sin embargo, a poner el contrapunto a la situación: el anuncio por el líder de UNITA, Jonas Savimbi, de que está dispuesto a reunirse con el presidente José Eduardo dos Santos para consolidar el proceso de paz.

La más importante de estas batallas es la que se desarrolla alrededor de Vige, conquistada por las fuerzas gubernamentales hace una semana, prácticamente sin combate, como ya ocurrió hace ahora tres semanas con Huambo, la mítica capital de Savimbi.

En el caso de Vige, las tropas de UNITA -que consiguieron escapar al cerco, que no sufrieron muchas bajas y que se encuentran bajo el mando del general Dembo, natural de la región y por este motivo buen conocedor del terreno- intentan recuperar el control de la estratégica base aérea de Negage o al menos impedir su utilización por el adversario.

Pero ahora que están oficialmente concluidas las negociaciones de paz bajo los auspicios de la ONU, los esfuerzos políticos se concentran en la organización y la puesta en funcionamiento de la Comisión Conjunta (CCPM), presidida por la ONU, que debe controlar la aplicación de las sucesivas fases del alto el fuego. UNITA ya designó a sus dos representantes en la CCPM, pero a título provisional, puesto que el nombramiento definitivo debe ser ratificado por su comisión política, que no está actualmente en condiciones de reunirse, dada la dispersión de sus miembros en diversos puntos de Angola y del extranjero.

Desmantelamiento

El desmantelamiento de la estructura militar de UNITA tiene ahora implicaciones políticas negativas, dada la superposición que siempre existió en el partido de Jonás Savimbi entre jefes políticos y militares. En principio, el alto el fuego libera a los dirigentes de UNITA, que son también generales, de sus obligaciones militares, y debe facilitar la efectiva reorganización de la dirección política.

Una tarea tanto más urgente cuando se da la circunstancia de que la desaparición, hace ahora más de cuatro meses, de Jonás Savimbi, es la principal razón que lleva a muchos angoleños a dudar de la validez de los acuerdos de Lusaka. Pero las Naciones Unidas y los tres países observadores del proceso de paz -Estados Unidos, Portugal y Rusia- han dado al Gobierno de Luanda "garantías suficientes" acerca de la solidez de los compromisos asumidos en Lusaka por Eugenio Manuvahola, en nombre de su partido y de su presidente, Savimbi.

Pese a la insistencia de la prensa angoleña y extranjera, la versión oficial de Luanda es que "no hay motivos pata dudar" de las garantías dadas por la comunidad internacional y por el Departamento de Estado norteamericano, que fue testigo del acto de Lusaka en la persona de George Moose.

El papel que cabe ahora a la ONU y a la comunidad internacional en las fases sucesivas de la ejecución de los acuerdos de paz es otro problema crucial. Inicialmente, Washington había impuesto un periodo de 180 días de alto el fuego efectivo para comprobar la voluntad de paz de los dos ex beligerantes angoleños antes de iniciar el despliegue de los 5.000 cascos azules que deberán controlar el desarme de las tropas rebeldes.

Sin embargo, bajo la presión de la nueva mayoría republicana del Congreso, la Administración de Clinton parece haber cambiado de actitud y Moose defendió públicamente en Lusaka el envío de observadores militares de la ONU para vigilar el respeto por ambas partes del alto el fuego y arbitrar eventuales acusaciones mutuas de violaciones.

El mandato de la nueva misión de la ONU debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad, tal vez dentro de una semana, pero son esperados en Luanda unas decenas de observadores que habían sido retirados del país en 1993.