"Esposado, me vi impotente", dice el intérprete encarcelado
Mohamed Sali, melillense de 29 años, traduce las declaraciones de detenidos árabes y franceses en los juzgados de la plaza de Castilla. El lunes compartió calabozo con ellos durante ocho horas por orden del magistrado Rafael Sánchez, como un delincuente más. Su falta consistió en negarse a traducir durante un juicio las declaraciones de un preso que se expresaba en bereber, lengua que Safl conoce, pero que no consta en su contrato.Escoltado por la Guardia Civil, el intérprete fue enviado directamente a los calabozos. "La mente se me quedó en blanco. Esposado, me sentí totalmente impotente", cuenta Safl, que obtuvo el puesto de traductor hace dos años, cuando aprobó una oposición convocada por el Ministerio de Justicia. Tras ocho horas entre rejas, fue puesto en libertad sin cargos por el juez de guardia. El magistrado Rafael Sánchez se negó ayer a hablar con este periódico.
Entre Safl y Hassan Saharaui (nacido en Tetuán hace 31 años y que lleva 11 años de trabajo en los juzgados) se reparten las traducciones de la torre de Babel de la plaza de Castilla. Trabajan ocho horas al día y ganan 100.000 pesetas al mes, según aseguran. Además de árabe y francés, son requeridos con mucha frecuencia para traducir bereber y dialectos del árabe oficial, lenguas que no tienen por qué conocer a tenor de su contrato. Saharaui ya llevó a magistratura el problema, y el dictamen, fallado en junio de 1993, le favoreció. Ambos piden un aumento de sueldo por extender su trabajo a la traducción del bereber y los dialectos árabes. De hecho, de cada 10 detenidos extranjeros que son llevados a los juzgados, ocho se expresan en estas lenguas, según fuentes judiciales.
Saharaui y Sali decidieron hace un tiempo negarse a traducir en esas circunstancias. "Todavía nos negamos más rotundamente si el juez nos lo ordena a rajatabla, con prepotencia, como le ocurrió a Sali", apunta Saharaui. Ante esta situación, los jueces suelen recurrir a traductores sin titulación oficial con los que trabajan de modo esporádico. Mientras, el caso de Sali y Saharaui sigue pendiente.
