Los auditores regionales consideran inhabitual el número de irregularidades del 'caso Ibercoop'
La propia Intervención General de la Comunidad de Madrid ha puesto en el disparadero la actuación de Juan Navarro, director regional de Empleo, en su auditoría sobre el caso Ibercoop. El interventor Eduardo Albarracín aseguró ayer en la Asamblea: "No es habitual encontrarse con una situación [de irregularidades y anomalías] como la hallada en la línea de subvenciones por asistencias técnicas", Un grupo de 12 empresas relacionadas con la consultora Ibercoop -fundada, entre otros, por Navarro- recibió 69 millones de pesetas por ese tipo de ayudas.
La comparecencia del interventor general de la Comunidad ante la comisión de investigación formada en la Asamblea para extraer responsabilidades políticas del caso Ibercoop ante un presunto trato de favor había creado mucha expectación. Eduardo Albarracín acabó precisamente el mes pasado una auditoría sobre los siete tipos de subvenciones concedidas por la Dirección de Empleo en tre 1989 y 1991. En la misma se concluía con una vaga reclama ción de unas posibles responsa bilidades ante las numerosas irregularidades observadas. Ayer fue algo más preciso.La diputada de IU Teresa Nevado le preguntó si en sus tareas normales al auditar distintos departamentos de la Comunidad se había tropezado alguna vez con un panorama parecido. Albarracín contestó que jamás, y al fijar las responsabilidades de esas anomalías las enmarcó perfectamente: "El control del cumplimiento de los fines por los que se otorgaron esas subvenciones compete en primer lugar a las empresas beneficiadas, luego al centro que las gestiona [la Dirección de Empleo] y, finalmente, a la Intervención General".
La conclusión de Albarracín tras analizar esas subvenciones es "que ha sido deficiente o insuficiente el control efectuado por el centro gestor [Empleo]". Control que se supone posterior a las ayudas para ver si las empresas beneficiadas cumplían los objetivos marcados. Eso no sucedió, pero tampoco se analizaron detalladamente los expedientes previos, ya que el auditor volvió a recordar ayer que muchos de los estudios subvencionados eran meras fotocopias unos de otros o de libros, y éstos eran la base de los expedientes entregados en Empleo por esas empresas. Pero también por otras que nada tienen que ver, en principio, con esa trama.
Eduardo Albarracín ratificó, por ejemplo, que un consultor particular denominado Francisco Javier Pascual realizó, por un sistema similar, 27 estudios de asesoramiento subvencionados con 10.800.000 pesetas y confirmó que esa misma persona figura en el consejo de administración de la firma Aconfisa, que efectuó para esa línea de ayudas 39 estudios que recibieron 25.600.000 pesetas.
El papel de la fiscalía
El interventor comentó que ahora le corresponde a la Fiscalía de Madrid -tras así reclamarlo la propia Consejería de Economía en la que trabaja Navarro- investigar si las 12 empresas de la trama Hades-Ibercoop incurrieron en algún delito fiscal o de fraude, y asimismo las relaciones reales de Navarro con las mismas. Albarracín adelantó que le parece que existen "hechos muy contundentes" para determinar la primera posibilidad. Albarracín consideró más factible saber si las ayudas se incluyeron en los libros de contabilidad de las empresas, que determinar "la subjetividad" de una posible actuación de Navarro.El interventor contó que su equipo investigó aleatoriamente a Empleo por el volumen (le millones que repartía. Detalló las fechas del proceso (que empezó en el verano de 1992 y ha terminado ahora por su complejidad), habló del interés inicial de la Consejería por aclarar el caso, especificó todas las comunicaciones entre auditor y auditado y puntualizó que Navarro reclamó tres prórrogas para redactar sus alegaciones.
El auditor afirmó que no existe constancia formal de la inhibición de Navarro en la concesión de una subvención a Ibercoop meses después de darse de baja como socio de esa cooperativa. Esa incompatibilidad se destaca en el informe provisional del Tribunal de Cuentas en 1991.
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