Delitos conexos

El juez Moreiras dio ayer el penúltimo paso en su estrategia para mantener sus investigaciones y, eventualmente, presentar batalla por el control del caso Banesto, al citar a declarar a Juan Belloso, Rafael Pérez Escolar, Enrique Lasarte y Pedro J. Ramírez en la cuestión del pago de 600 millones de pesetas a la sociedad Argentia Trust. El último paso tendrá lugar el 1 de diciembre, cuando el ex ministro Carlos Solchaga preste también declaración sobre el asunto de las exenciones fiscales concedidas a la Corporación Banesto en 1990.En una primera fase, el juez Moreiras se orientó con pasión tras la pista de un delito de cohecho o prevaricación, con la idea de descubrir una trama de financiación del Partido Socialista Obrero Español, basándose en la versión enredadora del ex presidente Mario Conde, según la cual él había ordenado pagar 600 millones a Argentia Trust, Saint Vincent, Antillas Holandesas. El pago se realizó mediante ingreso en francos suizos el 8 de agosto de 1990 en una cuenta de European Banking Corp. (EBC), Zurich. Según declaró Conde al juez, el pago se hizo por indicación de sus asesores en esas fechas, Antonio Navalón y Diego Selva, por unos trabajos realizados para la Corporación Industrial, entre los cuales estaban, presumiblemente, la obtención de unos beneficios fiscales. Los hechos: la factura del 10 de julio de 1990, que éste periódico ya ha reproducido, nada dice de exenciones fiscales.

A medida que ha ido tomando declaraciones, Moreiras ha ido ampliando su escenario original. En la comisión rogatoria remitida a Suiza, el juzgado sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de "delitos de falsedad en documento mercantil, (artículo 303 en relación con el 302 del Código Penal); estafa (del artículo 528 en relación con el 529, si el dinero se lo quedaron los responsables o directivos del banco que autorizaron el pago de la factura); prevaricación administrativa (del artículo 358 del mismo Código; y cohecho (artículo 385 del mismo Código)". Si uno se atiene a la jurisdicción de Moreiras, o mejor dicho, de la Audiencia Nacional, la estafa es el único delito de los mencionados sobre el que sería competente.

Por tanto, el titular del juzgado central 3 está ahora más interesado en tipificar los hechos de Argentia Trust como presuntos delito de estafa o apropiación indebida porque, entre otras cosas, sería la vía más idónea para mantener su competencia en el asunto.

Ahora bien: ¿está Moreiras meramente interesado en seguir el asunto de Argentia Trust? El titular del juzgado 3 ya ha adelantado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que él era competente en la querella presentada contra Mario Conde y otros nueve ex administradores y directores generales de Banesto por la sencilla razón de que abrió diligencias previas (casos de Argentia y dos facturas falsas a la orden de Publitax). Los fiscales contestaron que ambos temas no figuraban en la querella. Moreiras replicó que los delitos que él había investigado eran conexos con los que presenta la querella. Los fiscales dijeron que la querella era secreta y que él no podía, en consecuencia, saber si eran conexos. Moreiras aceptó esperar a conocer la querella y plantear entonces la conexión.

Sin embargo, hasta que Moreiras. decida dar la batalla, al levantarse el secreto del sumario, el juez Manuel García Castellón continuará sus actuaciones. Aunque dejó en libertad sin fianza a Martín Rivas, éste permanecerá como querellado hasta que el juez tome declaraciones a los otros nueve acusados, tres de los cuales ya han sido citados para hoy, mañana viernes y el sábado.

La señora Jerónima Rivas, viuda de José Pepe Villegas, tía de Martín Rivas, aclaró ayer que su marido efectivamente dirigió Banesto entre 1936 y 1939 en Madrid mientras los Garnica y los Ridruejo marcharon a Burgos. Villegas, un hombre de ideas socialistas, fue nombrado administrador único de Banesto por el gobierno republicano. Después de la guerra civil fue condenado a siete años de cárcel y se reincorporó a Banesto como cajero en la sucursal de Alcalá, 14. Allí donde Mario Conde instaló su cuartel general.