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Ausencias y embarazos limitan el trabajo de la 'comisión Ibercoop'

Enfermedades, ausencias y embarazos anularon ayer el trabajo de la comisión constituida en la Asamblea de Madrid para investigar el caso Ibercoop, un grupo de 12 empresas fundadas por Cipriano Uceda que se benefició de subvenciones y contratos millonarios de las administraciones y de la dirección regional de empleo dirigida por Juan Navarro, ex socio de Uceda. Ninguno de los tres comparecientes citados acudió a la Asamblea.La representante de la Confederación Empresarial Indepediente de Madrid (CEIM) en la comisión que evaluaba esas subvenciones, Soledad Olaberri, convocada ayer por segunda vez, volvió a, alegar que no podía presentarse porque está embarazada. Los diputados, tanto del PSOE, del PP como de IU, expresaron su desilusión por la falta de respeto y seriedad" de la CEIM al no colaborar con la Asamblea. Olaberri, además, ha sido vista recientemente en una sesión de trabajo del Consejo Económico y Social, también dependiente de la Comunidad.

Roberto Molero, otro citado de la CEIM, no ofreció ninguna disculpa por su ausencia. Isabel Mayoral, secretaria de esa comisión de seguimiento de las ayudas concedidas por Empleo a la trama lbercoop, remitió a la cámara regional una baja de maternidad fechada el 4 de agosto.

Rufino Orce, gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo de la Comunidad (Imade) que concedió subvenciones a ese grupo de empresas, envió un fax desde Pitsburg, Pensilvania (EE UU), indicando que su trabajo está ahora allí y reclamando el reembolso de los gastos de su desplazamiento hasta España. Bernardino Seoane, ex trabajador en ese tiempo del Imade y socio también de Ibercoop, ha entregado en la Asamblea partes médicos y análisis que demuestran una enfermedad que le impedirá comparecer antes incluso de que se le haya notificado la fecha en que será convocado.

Informe en la fiscalía

La Consejería de Economía en la que trabaja Juan Navarro -ex socio fundador de Ibercoo preaccionó ayer por su cuenta enviando documentación sobre él caso al fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ese estudio es el informe definitivo de control financiero de las subvenciones de la Dirección regional de Empleo concedidas en 199 1. En esa auditoría de la Intervención General de la Comunidad, conocida en octubre, se detallan numerosas irregularidades en la gestión de Navarro.Economía ofrece al fiscal la documentación para que determine "si aprecia algún delito en el proceso de otorgamiento de las subvenciones cuestionadas". La auditoría señala, por ejemplo, que algunas de las ayudas entregadas a empresas de Ibercoop no figuraban luego en su contabilidad. El PP, ante esta medida, reclamó el cese de Navarro por concluir que el consejero ha observado algún indicio de delito al actuar ante la fiscalía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de noviembre de 1994