Borrell presenta hoy una ley del cable muy favorable a la Compañía Telefónica

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, acudirá hoy al Consejo de Telecomunicaciones con un "anteproyecto de ley de las telecomunicaciones por cable" en el que la Compañía Telefónica, obtiene un trato favorable como futuro operador de cable, además de permitirle que proporcione, en concreto, el servicio de televisión por cable.Este anteproyecto confirma el derecho de Telefónica a obtener el título para prestar servicios por cable en cualquier demarcación territorial, lo cual le impide concurrir a los concursos que se establecerán para otorgar la concesión a otro operador en cada demarcación. En cuanto al servicio de televisión por cable, Telefónica podrá prestarlo a través de filiales en las que se reserve, como mínimo, el 51% del capital social.

Sobre la participación de extranjeros en los operadores de cable, el anteproyecto aporta escasas novedades. Se remite a lo establecido en la ley de ordenación de las telecomunicaciones (LOT) y al decreto de julio de 1992 sobre inversiones extranjeras. En definitiva: los extranjeros de países ajenos a la Unión Europea podrán disponer del 25% en las empresas españolas de cable, quedando al criterio del Consejo de Ministros la posibilidad, de elevar ese porcentaje. Nose establecen limitaciones de propiedad para españoles -ni para personas o entidades comunitarias- en esas empresas de cable, a diferencia de los topes adoptados en su día para las televisiones privadas.

Redes existentes

En cuanto a las redes de cable que ya existen en algunas zonas de España, se permite la continuidad de las instalaciones que han sido objeto de expedientes administrativos con anterioridad a la ley, y se da a los empresarios un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la misma, para una concesión provisional. Después se les obligará a presentarse al concurso que se convoque para la concesión del servicio en la demarcación correspondiente, y en caso de no hacerlo, se le dan tres años para cesar en esa actividad.El Gobierno, y más concretamente el ministerio de Obras Públicas, se erige en la autoridad con capacidad para dar ese título habilitante a Telefónica y también todas las demás concesiones en los concursos para operadores de cable. Con ello adopta una posición que le enfrenta abiertamente con el Partido Popular, que apoya la constitución de una autoridad reguladora de telecomunicaciones independiente del Ejecutivo.