EI presidente de Aragón implica al anterior Gobierno en el cobro de comisiones

JAVIER TORRONTEGUI, El pleno de las Cortés de Aragón se convirtió ayer en un continuo lanzamiento de acusaciones de irregularides, sospechas de espionaje e intercambio de comentarios descálificatorios sobre el empobrecimiento de la vida política a causa de la instalación de la cultura de la sospecha. En la sesión que debía aclarar las denuncias sobre la existencia de espionaje político en la comunidad autónoma, el presidente José Marco (PSOE) devolvió las acusaciones al Partido Popular, reprochando a su presidente regional, Santiago Lanzuela, el que en el anterior Ejecutivo bajo su mandato, se produjeran cobros de comisiones ilegales por parte de algunos altos cargos.

Al final, el debate sobre el presuento espionaje de una empresa que estuvo contratada por la Diputación Genral de Aragón (DIJA), para trabajos de rastreo electrónico y telemático y para investigar la solvencia de los aspirantes a ser subvencionados oficialmente, se convirtió en un intercambio de acusaciones entre los anteriores y los actuales miembros del Gobierno aragonés.

El presidente de las Cortes, Ángel Cristóbal (PP), llamó varias veces la atención al jefe del Ejecutivo por "salirse de la cuestión" y, pese a ser el interpelado, lanzar acusaciones de irregularidades contra Lanzuela, en lugar de responder a las preguntas que se le formulaban. Marco fue reiteradamente, cuestionado sobre si eran ciertas o no las denuncias de su compañero de partido, el alcalde Antonio González Triviño, de haber sido espiado por otro dirigente socialista, el diputado Femando Gimeno. Se limitó a tratar de justificar la contratación efectuada a la empresa de investigación y enmarcarla dentro de la asistencia técnica solicitada por la DGA pata poner remedio a la falta de seguridad existente cuando el PSOE accedió al Ejecutivo.

Víctima de un informe

Sobre el asunto del espionaje, Marco se limitó a decir que él no lo había realizado nunca, que no tenía constancia de que se hubiera hecho nunca a otras personas, y que el único que había sido víctima de este tipo de actuaciones era él. Llegó a afirmar que sobre su persona se había realizado un informe de 105 páginas de extensión "por el que se pagaron millones y fue distribuido desde el Congreso de los Diputados".

Los representantes de los otros dos grupos de la oposición -el tránsfuga Gomáriz renunció a su turno de palabra- Izquierda Unida y Par, dejaron ver su preocupación por los bajos niveles a los que había llegado el debate en el Parlamento regional. El regionalista Luis Acín (miembro de anteriores gobiernos de coalición) llegó a afirmar que si la sesión hubiera sido transmitda por televisión "los ciudadanos nos mandarían directamente a casa".

El portavoz de IU, Adolfo Burriel, recriminó a Marco que sus actitudes no corresponden "con la cultura de la libertad, ni con las formas de izquierda" y llegó a pedir su dimisión po rno estar su gestión dentro de los objetivos marcados en la moción de censura de septiembre del pasado año, cuando su formación ayudó al PSOE desbancar del poder a la coalición Par-PP.