El voto contra los ilegales en California destapa el caos migratorio en México

"En lugar de ver millones de mexicanos cruzando la frontera estadounidense veremos millones de productos". Así describía hace tiempo el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, los efectos balsámicos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Hoy, cuando los ciudadanos de California se disponen a votar la llamada Propuesta 187, que pretende decidir el futuro de más de 700.000 mexicanos indocumentados, esas palabras resuenen como un eco cargado de ironía. La polémica sobre la inmigracion ilegal en Estados Unidos ha destapado para los mexicanos la dimensión real del fenómeno, oculto bajo los discursos desarrollistas.

El pasado 1 de enero, cuando entró en vigor del TLC, los mexicanos estrenaban la sensación de estar por fin, codo a codo, con el socio rico del Norte. Ahora, las banderas gringas se queman ante la Embajada de Estados Unidos en la capital del país.Entre 1.000 y 2.000 mexicanos tratan cada día de cruzar ilegalmente la frontera por la ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, según la policía fronteriza estadounidense. En 1989, Estados Unidos devolvió a 873.000 mexicanos. Este año las repatriaciones sobrepasan el millón. En la pasada década, casi tres millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos.

A pesar de su dimensión, el problema sólo parecía existir en México para algunas organizaciones humanitarias. La puesta en marcha, en octubre, de dos campañas para reforzar la vigilancia fronteriza por parte estadounidense encendieron la luz de alarma. Bautizadas de forma muy ilustrativa, la Operación Guardián en Baja California, y la Operación Salvaguarda, en Arizona, eran la prolongación de la Operación Bloqueo, abierta hace un año en Tejas. Las detenciones de clandestinos aumentaron al mismo tiempo que las denuncias contra los agentes fronterizos por malos tratos.

Y por fin llegó la 187, una propuesta contra la inmigración ilegal que el gobernador de California, Pete Wilson, ha enarbolado para garantizar su reelección. La iniciativa pretende impulsar la salida de los dos millones de indocumentados de este Estado, impidiendo su acceso a los servicios educativos y sanitarios de que disfrutan y que costean con sus impuestos los californianos legales.

El documento ha dado en la línea de flotación del agudo nacionalismo mexicano. Políticos, intelectuales y comentaristas han denunciado la xenofobia y el racismo que transpiran los vecinos de arriba. La guerra de cifras ha comenzado. Puede que sea cierto, escriben los analistas que los indocumentados cuesten a California 3.000 millones de dólares al año, (375.000 millones de pesetas), pero aportan el 15% de su Producto Interior Bruto.

La cuestión llegó hasta el informe presidencial presentado el pasado 1 de noviembre. "México seguirá defendiendo los derechos laborales y humanos de sus trabajadores", dijo Salinas ante la Cámara de Diputados. Fue una de las escasas frases que frenó la lluvia de abucheos que caía sobre el presidente y levantó los aplausos de todos los legisladores.

Una respuesta menos unánime tuvo la Operación Dignidad, una campaña de boicoteo contra los comercios fronterizos estadounidenses puesta en marcha por diversas organizaciones mexicanas. Los sueldos de este país son demasiado bajos y las ofertas de las tiendas del otro lado de la frontera demasiado tentadoras como para dejarse vencer por simbolismos solidarios.

La repulsa que ha despertado la propuesta 187 no ha impedido las críticas a la joya del sexenio salinista: su política económica neoliberal. Una viñeta en un diario mexicano mostraba a Pete Wilson justificando su iniciativa: "Pero si esta idea de restringir los servicios sociales a los mexicanos la tomamos del mismo Gobierno mexicano".