Una banda de asesinos a sueldo con participación de ex militares actúa impunemente desde 1987

Una banda de asesinos profesionales con participación de ex militares actúa en España con impunidad desde 1987. Su última carta de presentación fue el envío de un paquete bomba el 13 de septiembre del año pasado. Era el octavo de similares características a empresarios de sectores tan diversos como el agropecuario o las inversiones bursátiles. El balance es de cuatro muertos y una decena de heridos. Nadie ha reivindicado los crímenes. Los supervivientes optan por el silencio. Ni un solo caso ha sido resuelto aún. Los sumariosjudiciales están archivados o atascados. Más aún, existen constancias de que los servicios de información han torpedeado alguna de las investigaciones puestas en marcha.

Una clave significativa es que las indagaciones sobre un grupo de sospechosos acabaron destapando el año pasado el caso de las escuchas en el diario La Vanguardia, en el que se vio involucrado el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el espionaje militar español.Nadie podría saber qué tienen en común un cineasta, tres vendedores de ordeñadoras, un experto en inversiones, un cerrajero y un conde. El único nexo aparente es la recepción de un paquete bomba con visos de haber sido manufacturado por personas con instrucción militar.

El 4 de enero de 1986, se desactivó en Barcelona un explosivo adosado al coche del cineasta y funcionario de Correos Luis Rodríguez Aller. El hecho de que su vivienda estuviera ubicada frente a un cuartel de la Guardia Civil hizo pensar en un error de ETA. Sin embargo, documentos en poder de este diario ofrecen fuertes indicios de que se trataba de la tarjeta de presentación de una banda de asesinos a sueldo. Un año más tarde, desde Burgos y a través de la agencia Seur, fueron remitidos dos paquetes bomba. Uno fue destinado de nuevo a Rodríguez Aller, que resultó gravemente herido; el otro, al índustrial de ordeñadoras Javier Biurrun Monreal, de Pamplona, que murió al abrir el paquete.

Biurrun recibió la potente bomba -tres kilos de explosivo- el 27 de enero- de 1987. En el remite figuraba la dirección Avenida de Vitoria, 146, sede de un cuartel de la Guardia Civil. Por aquellas fechas, Biurrun estaba cerrando con el capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, huido a EE UU tras el golpe del 23-F, un acuerdo para nombrarle delegado de su empresa en dicho país. Sánchez Valiente importaba por entonces desde España armaduras y armas de época.

Una vez que se produjo el atentado mortal, Sánchez Valiente modificó radicalmente su actitud hacia la familia de Biurrun, según declaró ésta a la policía. El oficial de la Guardia Civil abandonó su domicilio en Texas y evitó que la viuda de Biurrun conociera su nuevo paradero "toda vez que se encontraba dentro de una dinámica muy peligrosa", según el citado informe oficial. Sánchez Valiente llegó a ser interrogado en España en relación con el suceso, pero no se halló indicio alguno de implicación.

La familia de Biurrun señala que su relación con Sánchez Valiente desencadenó el suceso. El ex militar, por el contrario, intenta convencerles de que se trata de una guerra empresarial, y apunta como sospechoso al industrial Agustín Cerezo, también dedicado al negocio de las ordeñadoras, que luego acabó detenido y acusado de tráfico de drogas. A fines de 1987, la viuda de Biurrun pidió la intervención de un militar de alta graduación. Tras conversar con el general Francisco Veguillas Elices, entonces director general, de política de Defensa -asesinado en Madrid en julio pasado por ETA-, el militar aconsejó "olvidar y perdonar". El juez de Pamplona que investiga hoy este caso, el único aún abierto, centra sus pesquisas en guardias civiles destinados en el servicio antidroga.

El 7 de abril de 1987,,Luis Rodríguez Aller, recibió un paquete bomba remitido falsamente desde una tienda de fotografía de Burgos. El envoltorio mencionaba que se trataba de un regalo. El, anzuelo era perfecto. Los asesinos demostraron conocerle. Rodríguez Aller cumplía años en esas fechas. La policía encontró "ciertas similitudes entre ambos atentados [los sufridos por Rodríguez Aller] que hacen pensar que el autor o autores de ambos atentados son los mismos". El caso está archivado.En enero de 1988, nuevo envío doble. Una misma persona facturó desde la agencia de Transportes Azkar, en Bilbao, dos paquetes bomba a otros dos industriales del ordeño.

El 8 de enero recibió el envío Jesús Delgado Sánchez, de Socuéllamos (Ciudad Real), que en esos días cerraba la compra de la firma de Biurrun. Delgado Sánchez sospechó algo extraño al observar, según dijo a la policía, que iba dirigido a su domicilio particular, y no a su oficina. La Guardia Civil provocó la explosión del artefacto, tras retirar su envoltorio.

El informe de los artificieros de la Guardia Civil no se refirió a Fusibles técnicas militares en la confección del artefacto, extremo que sí fue admitido verbalmente por el oficial que interrogó a, Jesús Delgado. El caso se halla archivado.

El 14 de enero le llegó el paquete bomba al tercer industrial del ordeño. Era Antonio Díaz Regañón, residente en Palencia. Delgado, se desconoce por qué motivos, ya le había alertado telefónicamente a Díaz Regañón sobre la posibilidad de que también él recibiera un paquete bomba. La policía lo desactivó y logró así la mejor pista para la investigación.

El informe de los artificieros fue determinante: "La disposición de los distintos elementos integrantes del artefacto, así como la procedencia de los mismos responde a la peculiar forma de instrucción que reciben los soldados de reemplazo durante su estancia en unidades especiales (COES, paracaidistas, etcétera) de las Fuerzas Armadas)".

Otro informe recoge que "la masa explosiva estaba compuesta por trilita, sustancia usada en España para usos estrictamente militares, siendo su único depositario legal el Ministerio de Defensa. En cuanto al fulminante eléctrico utilizado en dicha bomba es igualmente de origen militar, no siendo posible adquirirlo por personal civil". El caso está archivado.

Hipótesis descartada

Policía y Guardia Civil, aunque por caminos distintos, se centraron en la hipótesis de una guerra entre vendedores de ordeñadoras. Consideraron como principal sospechoso a Agustín Cerezo, que había tenido relaciones comerciales, en algunos casos espinosas, con los tres receptores de bombas.

Una intervención telefónica de la policía sobre Cerezo reveló su estrecha relación con la Guardia Civil: desde Colombia, donde también tenía negocios, habló con su hermano, residente en Bilbao, quien le informó que un capitán de la Guardia Civil encargado de investigar la serie de bombas le había dicho: "Ellos [mandos de la Guardia Civil] no quieren pruebas; lo que quieren es información, [y me han pedido] que no hagamos ningún tipo de gestión porque a lo mejor se vuelve contra nosotros".

Es más, el hermano de Cerezo advierte a éste de que están pinchándoles los teléfonos, y le reitera el mensaje: "Las cosas van bien y lo que quieren es que no te metas tú en jaleos, que simplemente les des información y que no te metas en nada más".

A partir de este tipo de descubrimientos, los investigadores de la policía se sintieron torpedeados por la Guardia Civil. Así, la Guardia Civil solicitó pinchar teléfonos que ya tenía intervenidos la policía, cuyos informes indican que, a partir de ese momento, los sospechosos no volvieron a tener ninguna conversación de interés. La Guardia Civil, además, desatendió una petición de la policía para que les enviaran las etiquetas y el envoltorio del paquete bomba de Ciudad Real.

Pero no sólo existía este frente de obstrucción. Como prueba, este dato apuntado en 1988 por la Policía Judicial: "Se han iniciado contactos para conocer la identidad de las personas que pudieran tener estos conocimientos [de explosivos] concretos". Es decir, la policía había pedido a Defensa el listado de las personas formadas en los ejércitos en el manejo de explosivo. A través del Cesid, esté organismo facilitó un listado de soldados.

La policía respondió al Cesid que tal relación. no incluía ningún militar con graduación. La respuesta del, Cesid fue tajante: "De cabo incluido para arriba no se facilitará ningún nombre ni aunque lo reclaméis a través del juzgado". El reto ha tenido éxito hasta hoy. Ningún juez lo ha reclamado.

El sospechoso inicial, Cerezo, fue detenido el 14 de marzo de 1991 tras encontrarse 160 kilos de cocaína dentro de varias ordeñadoras que almacenaba en Bilbao. Guardia Civil y policía, según sus respectivos informes, descartaron su implicación en los envíos de las bombas, así como la hipótesis de la guerra comercial.

En mayo de 1990 se produjo una nueva remesa postal asesina. A través de la agencia Seur en, Alicante se facturaron, en días distintos, dos paquetes bomba. El joven que los envió, de 1,70 metros de altura, hizo saber que se trataba de regalos.

El 15 de mayo, Luis Armero Garcerán, dueño de un taller de cerrajería en Torrepacheco (Murcia), y su compañera, Carmen Puertas Maldonado, murieron a abrir el paquete. La policía sospechó que podía tratarse de un problema de celos y llegó a interrogar al ex marido de la fallecida, Luis C. N. contra quien nunca se formuló cargo alguno.

Personas muy próximas a Armero sospechan que el fallecido había descubierto un negocio de tráfico de drogas con implicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad. El caso fue archivado.

El 18 de mayo de 1990, Juan Antonio Pérez Herrero, directivo de una empresa de inversiones, murió en Valencia al abrir otro paquete bomba. Los artificieros apuntaron nuevamente la pista militar. "Los tipos de explosivos corresponden en general a productos de fabricación y aplicación industrial, si bien el TNT es de utilización militar casi exclusiva".

La propia familia de la víctima obtuvo de la Audiencia Nacional el sobreseimiento provisional de la causa para poder percibir una indemnización del Ministerio del Interior. Pérez Herrero, sobrino del ministro franquista, Luis llerrero Tejedor, había trabajado en Hispania de Inversiones y, poco antes de morir, se había incorporado a la firma Intermediarios Financieros.

A raíz de este nuevo asesinato, un informe policial apuntó por primera vez una hipótesis global sobre la. cadena de paquetes bomba: apuntaba a "noticias confidenciales" sobre empresas especializadas en cobro a morosos interesadas en "la eliminación subrepticia de personas" molestas y se refería a intervenciones telefónicas solicitadas a los jueces. Se desconoce a qué pinchazos se refiere el informe.

El 16 de noviembre de 1992, reaparecieron los macabros envíos. Juan Goyeneche Moreno, conde de Ruiz Castilla -única víctima o familiar que ha rechazado hablar con este periódico-, resultó gravemente herido al abrir en su casa de Madrid un paquete bomba remitido desde Barcelona. La policía encontró "puntos coincidentes con otros [atentados] cometidos mediante el mismo procedimiento".

La esposa del conde, Cristina Ordovás, hija del general Manuel Ordovas -que presidió en 1970 el consejo de Burgos que condenó a muerte a seis etarras-, aseguró que había sido vigilada en vísperas del atentado, Noticias difundidas en aquellos días señalaron fuertes tensiones familiares por problemas de una herencia valorada en 10.000 millones. El caso está archivado.

El 13 de septiembre de 1993, estalló en Barcelona un paquete bomba dentro de una saca de correos situada en la cubeta de reparto aéreo. Resultaron heridos dos funcionarios. Se especuló con un acto terrorista, pero la policía ocultó el siguiente informe: "Tal paquete bomba tiene similitudes con otros que se reflejan en la tabla comparativa [todos los registrados desde 19871 y, en especial, con el remitido a Juan Goyeneche".

Ningún detenido

Han pasado siete años desde que la banda de asesinos profesionales envió su primer paquete bomba. El resultado de las investigaciones no puede ser más negativo: ningún detenido, ningún caso resuelto. Ya en 1988, el Servicio Central de Policía, Judicial lamentaba en un informe: "Las actuaciones policiales se están perjudicando tanto global como parcialmente ante la diversificación de las autoridades Judiciales que intervienen en el hecho".

Añadía el documento que la intervención de la Guardia Civil generaba "una duplicidad en las actuaciones totalmente negativa, ya que, a la dualidad de los interrogatorios, se une la dispersión de los elementos de prueba". Hoy ya no existe ese problema. Nadie investiga, con la excepción del juez de Pamplona Antonio Rubio.

Existe un carta, fechada el 18 de diciembre de 1992, que revela el desinterés del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, desde que se concluyó que no existía ningún nexo con organizaciones terroristas.

El teniente de la Guardia Civil designado para enviar el resultado de las gestiones a la jefatura del servicio de Policía Judicial, y que durante dos años no había practicado indagación alguna, procedía del Cesid. Su superior le escogió precisamente por tal cualidad para agilizar el trato con Defensa.