PSV entrega a Moreiras 4.292 firmas de renuncia a ejercer acciones civiles contra la cooperativa

El asesor jurídico de PSV, Jesús Sánchez Lambás, presentó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras un total de 4.292 firmas de cooperativistas de PSV que han renunciado a ejercer acciones civiles contra los antiguos gestores de la cooperativa. Éste era el primer requisito exigido por el juez Moreiras para dejar en suspenso durante un mes el embargo de bienes de PSV-IGS y UGT, y reducir la fianza de 65.000 millones para hacer frente a las responsabilidades civiles impuesta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, la dirección de PSV, los representantes legales de, UGT, los abogados de los cuatro inculpados en, el caso PSV presentaron anoche sendos recursos contra el auto de Moreiras.

Sánchez Lambás, tras entrevistarse con el juez Moreiras, aseguro que éste se pronunciaria a través de los cauces procesales", es decir, en un nuevo auto, sobre la suspensión del embargo durante un mes y reiteró que en ese plazo trataría de que otros 4.000 Cooperativistas renuncien a ejercitar sus acciones.Sánchez Lambás dijo que el juez Miguel Moreiras no ha dado marcha atrás en su decisión inicial, ya que cuando acordó la fianza de 65.000 millones no tenía toda la información sobre la renuncia de acciones de 4.000 cooperativistas, ni de los compromisos adquiridos para la segregación de promociones en la suspensión de pagos.

"Nuestra comparecencia se originó por el auto judicial, para trasladar a este proceso, penal la situación del otro procedimiento de suspensión de pagos, situación que el magistrado, señor Moreiras, desconocía sin duda", dijo Lambás. El aboga(lo expresó su confianza en que el juez reduzca ahora la fianza en una cantidad proporcional al número de afectados que han renunciado a sus acciones civiles, "a fin de que se produzca el menor daño posible a las promociones en construcción".

Según el asesor jurídico de IGS, todos los cooperativistas que están en el proceso de segregación de sus promociones han aceptado una derrama del 7% sobre el precio final de sus respectivas viviendas. Esta medida incluye a aquellos otros que yas se han dado de baja en la cooperativa y que han asumido la pérdida Je dicho porcentaje sobre las cantidades. que anticiparon. En cualquier caso, los representantes legales de PSV-IGS entregaron anoche en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla un recurso contra el auto del juez Moreiras. Los abogados José Luis Sáinz y Jesús Sánchez Lambás entregaron en recurso en representación de PSV.

No fue el único contra este auto que ayer pasó el registro del juzgado de guardia. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, anunció ayer por la mañana que la fiscalía de la Audiencia Nacional, que encabeza José Aranda, presentaría un recurso de reforma a primera hora de la noche contra la decisión del juez, pero matizó que no se impugnaba la cuantía de la fianza de 65.000 millones de pesetas.

La fiscalía pretendía conocer a través del recurso el alcance del auto del juez de delitos monetarios y las consecuencias que puede tener la medida en el proceso de suspensión de pagos que se tramita en el juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid.

Los abogados de UGT también entregaron, pasadas las nueve de la noche, otro recurso contra el auto que puede embargar hasta los bienes hipotecados del sindicato como responsable civil subsidiario. Elisa Hurtado y José Manuel Chinchilla entregaron el recurso en representación de UGT.

Los cuatro inculpados en el caso PSV también presentaron sendos recursos. Se trata de Carlos Sotos -encarcelado hace cuatro meses-, Paulino Barrabés, expresidente de la cooperativa, y los ex directivos de IGS-PSV Fermín Bretón y Francisco Hernández García.

El juez Moreiras -tiene ahora citados a declarar a cinco sindicalistas de UGT que fueron miembros destacados de su Ejecutiva en los últimos años que Nicolás Redondo estaba al frente del sindicato. La próxima semana pasarán por la Audiencia Apolinar Rodríguez, ex secretario de Acción, Sindical, Emilio Castro, ex responsable de Política Institucional, Manuel Y

Bonmati, responsable de Relaciones Internacionales. La siguiente semana comparecerán José María Zufiaur y Alberto Pérez, actual secretano de Organización de UGT.

El actual líder de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer en Logroño que el auto de Moreiras "puede provocar un debate de calado constitucional". Méndez argumentó esta crítica en el hecho de que las organizaciones sindicales "están amparadas por la Constitu¿ión", que las considera "elementos fundamentales para el desarrollo, en términos democráticos, de la sociedad española".