El fiscal pide cambios pero no impugna la fianza de 65.000 millones
El recurso del fiscal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, pide que se reformen hasta siete aspectos puntuales de la decisión judicial, pero no impugna la cuantía de la fianza de 65.000 millones de pesetas, si bien plantea que se especifique si dicha cantidad responde "únicamente, o no a la suma de los perjuicios irrogados a los perjudicados personados en las actuaciones.El documento solicita que se especifique e individualice la intervención de cada inculpado, con indicación de cargo y cometidos, en cada una de las tres entidades declaradas resposables civiles subsidiariamente, es decir, la sociedad anónima IGS, la cooperativa de viviendas PSV y la central sindical UGT. los inculpados son Carlos Soto, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández.
El recurso, redactado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, recuerda. que un pronunciamiento de la Fiscalía del Estado, del año 1976 ' - en el que se explica que "en ningún caso, los procedimientos penales pueden, causar la paralización del expediente de suspensión de pagos". El dictamen de la Fiscalía añadía que han de hacerse compatibles por el juez de la suspensión, las me didas adoptadas con otras de cualquier índole que sobre los bienes de la empresa en sus pensión de pagos puedan ser establecias en el procedimien to penal. En ese sentido, y res pecto a la sociedad anónima IGS, que se encuentra en trámite de suspensión de pagos, el fiscal pide que se consideren compatibles las medidas adoptadas, sin que puedan surtir-efecto hasta tanto no se haya concluido las sus pensión.
Suspensión de pagos
"La esencial característica de los bienes de la cooperativa PSV abona la idea de diferenciarlos de cualquier otra clase de bienes", prosigue el, ministerio fiscal, que entiende que debe omitirse cualquier resolución en el procedimiento penal hasta que no consten en las diligencias del juez Moreiras la relación y naturaleza de los bienes de PSV. El recurso que entregaron ayer los representantes legales de PSV-IGS contra el auto de Moreiras se fundamenta en la "indefensión" que provoca el que el juez "no razone" los motivos por los que hace a la cooperativa responsable civil subsidiaria para el pago de los 65.000 millones de fianza. "Resulta imposible rebatir argumentos que no se conocen", se afirma en el auto de PSV, informa Pilar Marcos. El segundo argumento de PSV es que "infringe" el artículo 9 de la ley de suspensión de pagos, que "Prohibe que se practiquen embargos contra sociedades en suspensión de pagos".
