600 inmigrantes acceden a pisos de alquiler con un aval de la Comunidad
Unos 600 inmigrantes, la mayoría marroquíes y dominicanos, viven en un piso de alquiler por el que pagan una media de 70.000 pesetas mensuales. Todos tienen el mismo avalista: la Comunidad de Madrid, que se compromete ante el casero a abonar la renta en caso de impago y a firmar un seguro multirriesgo. Otros programas regionales para poner en el mercado viviendas baratas en arrendamiento -en estos casos para ciudadanos españoles- no han alcanzado tanto éxito. Hasta finales de septiembre, sólo tres propietarios ofrecieron sus pisos vacíos para el plan regional de ayudas al, alquiler: la Comunidad subvenciona con hasta 8.300 pesetas mensuales a los caseros que arrienden sus pisos por cuatro años y por no más de 83.000 pesetas.El programa específico de viviendas para ciudadanos del Tercer Mundo ha captado un total de 159 viviendas. Este modelo se quiere aplicar para el realojamiento de los chabolistas del poblado magrebí de Peña Grande (Fuencarral), donde, el 11 de octubre, medio centenar de familias perdieron su chamizo en un incendio. La única diferencia para los chabolistas es que su penosa situación económica obliga a concederles ayudas oficiales para pagar el alquiler.
Estos avales comenzaron a concederse -en enero de 1993. Sus primeros beneficiarios fueron 16 dominicanos que convivían en la discoteca Four Roses de Aravaca con Lucrecia Pérez, inmigrante asesinada por motivos racistas en el otoño de 1992.
El procedimiento es el siguiente: la Consejería de Integración Social concede una subvención a la asociación Provivienda, ubicada en un local del Gobierno regional en la calle de Braganza (Carabanchel). Provivienda se encarga de captar pisos de alquiler, y firma por un año como titular en los contratos de arrendamiento, con lo que, en caso de impago, sería la encargada de saldar la deuda con el propietario. Los inmigrantes, que dejan una fianza de un mes, abonan a la empresa sus mensualidades y ella paga a los caseros. La asociación suscribe, además un seguro multirriesgo en cada inmueble. PASA A LA PÁGINA 3
El programa de alquileres para imigrantes sólo registra un 2% de rentas impagadas
VIENE DE LA PÁGINA 1Los pisos gestionados por este sistema tiene una renta media de 65.000 a 70.000 pesetas; están situado en barrios del sur, como Aluche o Villaverde, o en localidades del cinturón industrial; cuentan con dos o tres dormitorios, y están amueblados.
El 60% de los inquilinos asume la titularidad directa del contrato a partir del segundo año. Hay otro 10% de casos en los que el aval se prorroga durante un año más y existe, por último, un 30% de alquileres que no se renuevan, principalmente por la movilidad de los inmigrantes.
Manuel Montero, presidente de Provivienda, asegura que los impagos no llegan al 2%: "SI en lo que va de 1994 hemos manejado unos 80 millones en rentas, sólo hemos dejado de cobrar algo más de un millón". Y añade: "En casos extremos, por ejemplo, una mujer con cargas familiares que no puede pagar, intentamos obtener ayudas de Cáritas o de otras entidades para no echarla".
La asociación también asesora en temas que a veces resultan nuevos para los inquilinos, como las facturas de luz y teléfono. "Les advertimos que esos servicios, si uno no está atento, salen caros", concluye Montero. Los colectivos de inmigrantes más numerosos en el programa son los dominicanos, marroquíes y peruanos. Resulta llamativa la creciente afluencia de parejas mixtas con niños, formadas por inmigrantes y españoles, qué son ya el cuarto grupo de arrendatarios.
La mayor parte de los clientes llegan a través de organizaciones no gubernamentales, especialmente de la Delegación Diocesana de Inmigración (ASTI); del Voluntariado de Madres Dominicanas; del Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e Inmigrantes en España (Comrade); de la Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados en España (FEDORA) y de Karibu.
Las primeras 10 familias de las 50 damnificadas por el incendio de Peña Grande serán realojadas por este sistema. El objetivo es aplicar este método para desmantelar las 200 chabolas del asentamiento. Pero en este poblado magrebí hay un problema adicional: las pésimas condiciones económicas y el elevado número de hijos de muchas familias. Para eso se han dispuesto dos medidas especiales: ayudas económicas temporales para quien lo precise y 24 pisos sociales en los casos de extrema necesidad. Quien pueda pagará al completo las 70.000 pesetas mensuales del alquiler; quien no, recibirá una ayuda por un tiempo. En este programa también participa el Ayuntamiento, ya que urge desmontar el poblado para construir un colector.
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