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Las abogadas creen que el poder judicial es insensible a la violencia contra la mujer

Trescientas letradas piden en un congreso fiscal especial para agresiones familiares

Trescientas mujeres que ejercen la abogacía en las diferentes comunidades españolas coincidieron ayer en manifestar su "crítica al poder judicial por la falta de sensibilidad suficiente ante el problema de la violencia contra la mujer y su reticencia a la aplicación del tipo de malos tratos". Ésta es una de las conclusiones que encabezan las ponencias aprobadas en el Congreso Estatal de Mujeres Abogadas que ayer terminó en Palma de Mallorca.Las letradas reclaman que el Consejo del Poder Judicial dicte cursos para ilustrar en este ámbito a los jueces de instrucción y magistrados de las audiencias. Consideran "inadmisible" que los tribunales continúen aminorando las penas de violación dentro del matrimonio.

Las mujeres abogadas solicitan a las administraciones de justicia y penitenciaria esmero en la adjudicación de beneficios carcelarios a presos condenados por delitos sexuales o violencia familiar. Creen necesaria, también, la designación de un fiscal especial dedicado exclusivamente a la investigación y seguimiento de este tipo de delincuencia y la creación de un fondo público para la reparación de los perjuicios a las víctimas de los malos tratos.

"El Estado no asume, ignora y deja sin reparar el daño que ha sufrido la víctima de la violencia doméstica o de las agresiones sexuales" se dejó establecido el viernes en los debates de apertura del congreso.

La cuestión de la violencia doméstica -"que no pertenece al ámbito jurídico privado"- y las agresiones sexuales en la familia mereció horas de intervenciones y matizaciones. Las disposiciones que se elaboran implican incorporaciones al Código Penal. La primera establece a la unidad de convivencia y no estrictamente a la institución familiar "el bien jurídico protegible" y reclama incorporar "las agresiones psíquicas como conducta tipificada" y el "alejamiento del agresor" de la víctima.

María José Varela, letrada de Barcelona, consideró que era una deficiencia fundamental la falta de estadísticas concretas y pormenorizadas por parte del Ministerio del Interior y la Fiscalía sobre los casos de agresiones sexuales.

El relato de los menores agredidos ante policías y tribunales preocupa a las letradas. "Es imprescindible", cree Varela, "que la persecución penal no aumente la lesión psíquica".

Ante la publicidad que explota la imagen de la mujer, las abogadas solicitan que el fiscal general dicte una instrucción a todos los fiscales para que éstos actúen "contra los anunciantes de la publicidad ilícita" de acuerdo con las definiciones de la Ley General de Publicidad. El llamamiento a la persecución y denuncia de la campañas difamatorias o indignas para las mujeres se extiende a todos los ámbitos asociativos.

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, -que acudió ayer a la clausura del Congreso de Mujeres Abogadas- anunció que se trabajaba en una normativa europea que impediría que se pudiera dar "una imagen estereotipada de la mujer como objeto sexual".

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