El Banco de España acusa a Conde de hundir Banesto

, Menos de una hora necesitó el director general de Inspección del Banco de España, José Pérez, para dinamitar la gestión de Mario Conde al frente de Banesto y culparle del hundimiento de la entidad financiera.

"Eran [Conde y su equipo] no sólo unos pésimos gestores capaces de consumir todo el capital y reservas de sus accionistas y de poner en peligro los ahorros confiados por los depositantes, sino que también habían ido acumulando un historial de elusión de la normativa vigente, de ocultación y de falseamiento de los documentos contables, que impidió adoptar medidas correctoras antes de poner en juego los ahorros de los depositantes y los dineros públicos. Eran gestores que habían hecho caso omiso de los diversos requerimientos del Banco. de España". En este párrafo de la intervención de Pérez se muestra con toda crudeza y claridad lo que opina el banco emisor de la gestión del expresidente de Banesto.

Para sustentar con argumentos esta devastadora tesis, Pérez realizó ante los diputados una somera pero mortífera descripción de cómo estaba el banco a finales de 1993: insolvencia patrimonial, nula capacidad para atender provisiones, una cartera de préstamos totalmente dañada y una imposibilidad manifiesta de obtener financiación. Es decir, un cuadro casi insostenible, una quiebra evidente que resquería un plan de salvación urgente.

Y Conde presentó sus planes, aunque, según Pérez, no resistían análisis alguno. De acuerdo con el banco emisor, los planes propuestos dejaban, en el mejor de los casos, un déficit de provisiones de 240.000 millones de pesetas. Y en el peor, de 325.000 millones. "Además, proponía un conjunto de salvedades y excepciones que, de llevarse a cabo, hubieran provocado que Banesto actuara con unas reglas totalmente distintas a las del resto de entidades financieras españolas", señaló.

Pérez, en contra de lo defendido por Conde, precisó que nunca se aceptó ningún plan de saneamiento procedente de Banesto. Y recalcó: "A la vista de estos datos y de la repercusión que podrían tener sobre el mercado, se decidió actuar".

El momento en el que el Banco de España optó por tomar cartas en el asunto, también fue objeto de explicación por parte de Pérez. El director general realizó especial hincapié en señalar las innumerables trabas que el equipo de Conde colocó delante de la labor inspectora del Banco de España, lo que fue determinante a la hora de retrasar la decisión el banco central.Llegó, incluso, a decir que se les vetó el acceso a determinados campos del sistema informático y que varios altos cargos ocultaron información. Y apuntó directamente al último consejero delegado de la etapa Conde, Enrique Lasarte. Según el representante del banco emisor, Lasarte estaba al tanto de toda la operación Oasis antes de que empezara 1993. Esta manifestación contradice claramente la expresada por el propio Lasarte ante la Comisión Banesto hace una semana. El director general de Inspección rechazó cualquier tipo de intervención política en la decisión del 28 de diciembre de 1993. Incluso, aunque poniéndola en boca de un experto extranjero, realizó la siguiente reflexión: "Lo político en esas circunstancias hubiera sido no intervenir".

Y luego se preguntó y respondió: "¿Qué habría ocurrido si Banesto hubiera comparado Ibercorp? Lo mismo, en estricta aplicación del citado artículo 31. De hecho, ahí tienen sus señorías al Banco Santander, que también se negó a comprar Ibercorp".Remisión al fiscal

José Pérez detalló en cascada el tipo de operaciones aparentemente ilegales que realizó el equipo de Mario Conde en Banesto: no reconocían pérdidas, no reconocían compensaciones de pactos de recompra, simulaban recuperación de activos, contabilizaban beneficios dudosos, realizaban valoraciones y tasaciones elevadísimas... Por último, dijo que los servicios jurídicos del Banco de España siguen investigando nuevas operaciones y transmitiendo información al fiscal que lleva el caso.

La comparecencia de Pérez fue el penúltimo paso en la fase de audiencia en la Comisión Banesto. Hoy, el presidente de la entidad, Alfredo Sáenz, la cerrará definitivamente.

Después, se abrirá un periodo de reflexión y análisis de todos los testimonios verbales y documentales que han recopilado los diputados a lo largo de ocho meses de intenso trabajo. La previsión de los componentes de la comisión es que, en un plazo máximo de un mes, las conclusiones a que lleguen se trasladen a un dictamen final.

Este documento será debatido en el pleno del Congreso, que decidirá cuál es el destino que se le debe dar. Una de las posibilidades es que este dictamen se una a la acción social de responsabilidad que se encuentra actualmente en curso en los tribunales.