El fiscal del Estado promete estudiar "con interés y rigor" la denuncia del Partido Popular sobre fondos reservados

Fotocopias de documentos de pagos con fondos reservados, las firmas de 70 diputados del PP y numerosos recortes de prensa avalan la denuncia que el portavoz parlamentario de los populares en temas de Justicia, Federico Trillo, presentó ayer al fiscal general del Estado, Carlos Granados, para que investigue el uso que los altos cargos de Interior hicieron de los fondos reservados desde el mandato de José Luis Corcuera. Tras un breve encuentro con el dirigente del Partido Popular, Granados prometió estudiar la denuncia "con detenimiento, con rigor y con interés".Trillo, vicepresidente del Congreso, explicó que la investigación reclamada pretende determinar si se malversó dinero de los 20.000 millones que ha manejado Interior desde 1987 en concepto de fondos reservados. A su juicio, la entrevista fue "cordial", y el fiscal le prometió rigor en la investigación, aunque "teniendo en cuenta lo que dispone la ley sobre esta materia".

Trillo aseguró que, desde el punto de vista procesal, la aportación más valiosa la constituyen las fotocopias de documentos de pago a los que se les ha borrado el dato del recipendiario, pero en los que se aprecia claramente su autenticidad, como prueba irrefutable de que existen soportes documentales del uso de fondos reservados, aunque el Gobierno lo ha negado.

El objetivo de los populares era formalizar la denuncia "para que de una vez se investigue el al parecer más que irregular, el presuntamente delictivo uso de los fondos reservados por el Ministerio del Interior desde el año 1987 hasta la fecha". La denuncia, de 10 folios y documentada con cuatro anexos con "selectivos" recortes de prensa y otros materiales "necesarios para el estudio de los hechos", según Trillo, se hace eco de las noticias periodísticas sobre el supuesto pago de sobresueldos y apropiación indebida de dinero por ex responsables ministeriales.

El diputado dijo que, para el PP, la presentación de la denuncia es "consecuencia del empecinamiento de Felipe González en negarse al control parlamentario de los fondos reservados".