El fiscal pide que se inhabilite al alcalde que puso una multa ilegal

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá en un plazo de 10 días si el alcalde de Torres de la Alameda. Antonio Rodríguez (PSOE), incurrió en un delito de prevaricación (dictar una orden injusta a sabiendas) al multar a uno de sus vecinos, Francisco Casero, por un exceso de edificabilidad con tres millones, el doble del máximo autorizado por la Ley de Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid. El juicio quedó ayer visto para sentencia. El fiscal pidió ocho años de inhabilitación; la acusación, 16, y la defensa solicitó la absolución de su cliente.

El fiscal resaltó la diferencia entre "una actitud del alcalde en un principio permisiva [infracción se cometió en 1988] y otra posterior rigurosa y sancionadora". La multa se impuso en 1991 poco tiempo después de que Casero promoviera la candidatura de la Asociación de Vecinos independientes (Avis) para las elecciones municipales.

La acusación insistió en tres argumentos: la multa ha sido una venganza personal contra Casero por estar en la candidatura del Avis.

Por su parte, la defensa concluyó que el error en la cuantía de la penalización no era tan importante, ya que este aspecto había pasado desapercibido a los abogados de Casero cuando pusieron la querella y no lo incluyeron hasta que la ampliaron casi dos años después.