El Constitucional sólo ampara derechos si no lo hacen los jueces, afirma su presidente

El presidente del Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, afirmó ayer que el órgano que preside sólo ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando previamente no los amparan los tribunales ordinarios. Rodríguez-Piñero hizo estas declaraciones en un encuentro con periodistas para anunciar un coloquio internacional sobre la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que cumple 15 años. La Sala Primera de lo Civil del Supremo anunció en febrero que acudiría al Rey en protesta por una sentencia del alto tribunal sobre investigación de la paternidad, que los jueces entendían que invadía su competencia. Rodríguez-Piñero recordó ayer que la interpretación de la Constitución que hizo la institución que preside pudo hacerla el Supremo.En su opinión, el conflicto "es un problema falso", consecuencia de "falta de cultura constitucional". Señaló que, a veces, "lo que la Constitución quiere que sea el último remedio [el recurso de amparo ante el Constitucional], se convierte en el primero, por falta de amparo de los órganos judiciales". Manifestó la conveniencia de asegurarse vías judiciales previas de amparo, que hagan innecesario el del Constitucional.AutocríticaRodríguez-Piñero expresó su asombro ante los, "celos y recelos de los jueces". "Somos duros en la admisión de amparos: lo que me extraña es que la gente no proteste por los pocos recursos de amparo que admitimos". Confesó que el enjuiciamiento de estos casos significa una sobrecarga para el alto tribunal, si bien se manifestó dispuesto a hacer autocrítica, con motivo del coloquio internacional que se celebrará los días 13 y 14 de octubre sobre la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con motivo de su 15º aniversario.

El magistrado del alto tribunal y catedrático de Derecho Constitucional Pedro Cruz Villalón explicó el programa del curso, en el que intervendrán, entre otros juristas, Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, y Jerónimo Arozamenal y que clausurará Rodríguez-Piñero. Éste informó de que la sentencia sobre la ley de Normalización Lingüística de Cataluña se aprobará este año, mientras que el recurso de la Xunta sobre el 15 % del IRPF se retrasará más.

Sobre el procedimiento abreviado declaró que debe tener una duración de tres a seis meses y, en caso de proseguir, transformarse en proceso ordinario, que cuenta con más garantías. Señaló que no criticaba al juez Marino Barbero -que lleva tres años instruyendo el caso Filesa-, sino que mantiene que "no puede hacerse por la vía del proceso abreviado lo que no es breve".

Respecto al tratamiento de la corrupción en las Cortes y los parlamentos autonómicos, declaró: "No creo que el Parlamento del Estado deba conocer de actuaciones de los poderes autonómicos ni viceversa". Añadió que "evitar interferencias entre unos y otros parlamentos es cuestión de cortesía constitucional y parlamentaria".