El Congreso condena a Rubio por mentir, defraudar y enriquecerse ilícitamente

El Pleno del Congreso aprobó ayer mayoritariamente (305 votos a favor y 3 en contra) el dictamen de la comisión Rubio que acusa al ex gobernador del Banco de España de haberse enriquecido ilegalmente, defraudar a Hacienda, mentir al Parlamento y al Gobierno y haber quebrado la confianza en él depositada. Las conclusiones de la investigación serán remitidas al ministerio fiscal al existir presuntas irregularidades económicas y fiscales en la actuación de Mariano Rubio durante su mandato.

El dictamen aprobado ayer por el Parlamento señala expresamente que de lo investigado no se desprenden responsabilidades de otros altos cargos, y se entiende que la dimisión del ex ministro Carlos Solchaga como diputado y presidente del Grupo Socialista fue una decisión personal.Estas dos cuestiones provocaron la discrepancia del PP y de IU. Ambas formaciones rechazaron el párrafo en el que se considera "suficiente" la dimisión de Solchaga. En su opinión, se tendría que haber acentuado más la responsabilidad del ex ministro de Economía y haberse hecho extensiva al presidente del Gobierno. Este párrafo, que se votó aparte por iniciativa de IU, fue aprobado por 165 votos a favor (PSOE, CiU y PNV), 139 en contra (PP e IU) y dos abstenciones.

Tanto los diputados populares como los de IU sostienen que el Gobierno socialista impulsó y permitió con su política económica la llamada cultura del pelotazo, de la que la actuación de Rubio sería un exponente. De ahí que consideren a Felipe González responsable político por nombrar y mantener a Rubio como gobernador cuando eran ya conocidas, en parte, sus actividades ilícitas.

El PNV mantuvo un voto particular, que fue aprobado mayoritariamente, en el que se establece una responsabilidad no concretada de algunas instituciones públicas por no haber vigilado suficientemente en aquellos años.

Aunque la comisión no lo considera probado, subraya la existencia de posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Mariano Rubio, además de su implicación en el desarrollo de la trama Ibercorp. El texto aprecia connivencia entre Rubio y el entonces subgobernador del Banco de Espafia, el fallecido Juan Antonio Ruiz de Alda, fundamentalmente en las actuaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, así como con los máximos responsables del grupo, Manuel de la Concha y Jaime Soto.

Por lo demás, el debate sirvió para volver a discutir acaloradamente sobre el respeto a la legitimidad democrática y se convirtió en una segunda parte del pulso que un día antes habían mantenido, también en el Congreso, Luisa Fernanda Rudi y Felipe González, pero en esta ocasión con uno más en discordia: el PNV.

La diputada del PP aprovechó la ocasión para replicar a la acusación de "falta de respeto a la legitimidad democrática" que el presidente del Gobierno le echó en cara el miércoles. "En un Estado de derecho, en una monarquía parlamentaria, nadie tiene derecho a hablar a nadie de legitimidad democrática", le espetó Rudi.

Pero a continuación se introdujo en un terreno movedizo al contestar a una intervención previa del representante del PNV, Emilio Olabarría, quien había dicho que, en su opinión, "querer encontrar responsabilidades políticas en el presidente del Gobierno por el caso Rubio se debe más a intereses electorales que a lo investigado en la comisión".

La diputada popular confrontó entonces los ocho millones de votos que su partido obtuvo en las elecciones de 1993 y sus 141 diputados frente a los cinco del PNV para explicar por qué se consideraba legitimada para defender la existencia de responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno. Y surgió el encontronazo. Olabarría, molesto, calificó de "improcedentes e inconstitucionales" las reflexiones de Rudi al "hacer valoraciones cuantitativas de la legitimidad democrática".

Fuera del pleno, miembros del PNV declararon estar cansados de tener que soportar descalificaciones por su número de diputados.