El gasto de desempleo en Barcelona y Madrid es tres veces superior al PER
Los responsables de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO firmaron ayer la reforma del sistema de protección de los jornaleros del campo y del Plan de Empleo Rural (PER). El secretario general de Empleo, Marcos Peña, aseguró que esa reforma pretende poner fin a los análisis demágogicos. "El gasto de desempleo en Barcelona o Madrid [300.000 millones de pesetas en cada provincia] es tres veces superior al de las 10 provincias en que se aplica el PER [ 103.000 millones]", afirmó Peña.
El pacto suscrito recoge para 1995 una dotación presupuestaria de 17.560 millones de pesetas para contratación de desempleados y obras de interés social en las zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura y otros 11. 561 millones para políticas activas. En total son 29.121 millones para un colectivo de 230.000 jornaleros, que se destinarán a inversiones productivas, empleo estable, formación ocupacional y creación de casas de oficio de las que se beneficiarán también algunas comarcas de Canarias y Aragón.
La reducción de las peonadas necesarias para cobrar subsidio -bajan de 60 a 40- es uno de los principales puntos del acuerdo. Según los sindicatos y Trabajo, esa reforma acabará con las irregularidades, porque adapta las peonadas exigibles a la realidad del campo andaluz y extremeño. Juan Aguilar (responsable de UGT) y José Fuentes (dirigente de CC OO) aseguraron que en el anterior sistema se exigían más peonadas de las que el campo realmente generaba y ello "abocaba a algunos trabajadores a recurrir a la firma de un alcalde o un empresario". Además se establecen nuevos controles: los consejos locales de empleo tendrán más competencias para el seguimiento del sistema y las ofertas de empleo serán genéricas -no nominativas- y a través de las oficinas del Inem.
Marcos Peña y los sindicalistas subrayaron la importante dotación para políticas activas que tienen como objetivo favorecer la inserción laboral de los trabajadores eventuales agrarios. Del total de 11.561 millones de pesetas, 3.246 se destinan a formación ocupacional en Andalucía, y Extremadura.
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