Bono recurre ante la Audiencia contra el trazado de la autovía Madrid-Valencia

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista José Bono, ha recurrido la orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) que establece el trazado definitivo de la autovía Madrid-Valencia en el tramo que une Minglanilla (Cuenca) con Caudete de las Fuentes (Valencia). El recurso, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, solicita la suspensión de la orden por entender que "supone una alteración medioambiental irreversible en los espacios naturales de las Hoces del río Cabriel y los Cuchillos".

El Gobierno de Bono considera "de indudable valor" la zona afectada por el trazado y advierte que la realización de las obras generaría un efecto barrera que impediría la continuidad y la movilidad de las especies del entorno.En declaraciones a la Cadena SER, Bono aseguró ayer que no considera que el recurso sea una victoria sobre el ministro José Borrell, y añadió que lo que él desea es que la autovía "no se retrase ni un minuto". "El que se respete este planteamiento ecológico no tiene por qué retrasarla".

El presidente autonómico se mostró partidario de agilizar la construcción de la autovía porque, dijo, "no es posible que se paralice una obra de tanta importancia; pero no con la ley de la selva, donde vale todo", apostilló.

También la Coordinadora de Organizaciones en Defensa Ambiental (Coda) y Acción Ecologista-Agro han presentado recurso ante la Audiencia. Ambas organizaciones ecologistas alegan que existen alternativas "técnicamente viables" que discurrirían por las inmediaciones de la presa de Contreras, "cuya incidencia ambiental sería infinitamente menor".El recurso de estas organizaciones se centra en la imprecisión de la orden ministerial y en el hecho de que ésta se base en una declaración de impacto ambiental que se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y cuyo recurso ha sido admitido a trámite.

La decisión de la Comunidad Valenciana de proteger la zona, como ya hiciera Castilla La Mancha, abre ahora un compás de espera en un conflicto en el que parece que finalmente será el Ministerio de Agricultura quien tenga la última palabra.