IU y el PP juntan 252 enmiendas contra la Ley del Suelo que Leguina intenta aprobar desde 1989

El proyecto de Ley del Suelo, que establece cómo y dónde se puede construir en la Comunidad de Madrid (8.028 kilómetros cuadrados de superficie total), ha recibido 252 enmiendas de la oposición (IU y PP). La nueva norma, una de las más importantes del mandato socialista, se anunció por primera vez en 1989. Ahora, el Gobierno de Joaquín Leguina intenta aprobarla con el apoyo de IU. La coalición ha exigido en sus enmiendas que la Administración pública reforeste áreas abrasadas por el fuego si los propietarios de las mismas se declaran insolventes para hacerlo.

La oposición ha examinado el proyecto de la Ley del Suelo elaborado por el PSOE y ha escrito al margen 252 peros. El Partido Popular considera que el texto no merece ni un aprobado justo y ha presentado una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno para que lo redacte de nuevo.Si el veto político planteado no consigue los apoyos suficientes, los populares defenderán otras 218 enmiendas parciales que han presentado para corregir el texto.

Ignacio del Río, portavoz de urbanismo del PP, considera la ley "técnicamente deficiente y políticamente regresiva". Del Río ha exigido al PSOE que amplíe las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Las 179 localidades de la región necesitan actualmente el permiso de la Comunidad de Madrid para desarrollar nuevos barrios, parques, zonas comerciales, carreteras y polígonos industriales. El PP ha redactado una enmienda para que los municipios con una población superior a 50.000. habitantes puedan crecer por sus terrenos rústicos sin necesidad de solicitar autorización a la Comunidad. Por otra parte, los populares reclaman la participación, "con voz y voto", de los ayuntamientos afectados por un proyecto de interés regional (por ejemplo, un hospital, un hipermercado o una cárcel) en la comisión de concertación territorial.

Éste organismo se convertirá en el gran jurado urbanístico de la Comunidad encargado de discutir grandes operaciones de suelo. Estará integrado por representantes de los municipios y de la Comunidad. Los alcaldes tendrán derecho de veto sobre cualquier proyecto del Ejecutivo madrileño.

Representación proporcional

El PP también propone que haya una representación proporcional de cada grupo parlamentario en esta comisión.Por su parte, IU, que ha presentado 34 enmiendas a la ley, reclama que la Administración regional ejerza "la acción sustitutoria" en la reforestación de áreas destrozadas por el fuego. "La Administración regional se tendría que encargar de la reforestación, aunque posteriormente reclame responsabilidades a los propietarios", explica Adolfo Gilaberte (IU). La coalición exige también un informe de impacto territorial para autorizar proyectos urbanísticos en suelo rústico.

"Hay que estudiar la repercusión que, por ejemplo, un hipermercado puede tener en las infraestructuras y en el pequeño comercio de la zona", dice Gilaberte.

Entre las 24.8 objeciones que la oposición ha presentado a la Ley del Suelo destacan los siguientes apartados:

Silencio administrativo. Mientras el PP solicita que, para las recalificaciones de terrenos o petición de licencias, se aplique el silencio administrativo positivo (si los municipios no contestan en un plazo determinado se entenderá que la solicitud ha sido aceptada), IU defiende lo contrario: "Para construir en suelo rústico no puede valer el silencio positivo, porque sería muy peligroso y podría ocasionar corruptelas".

Suelo rústico. Izquierda Unida alerta sobre la recalificación de fincas rústicas para operaciones urbanísticas de urgencia. "Si un municipio lo solicita, habrá que estudiar antes si existe suelo ya previsto para esa actuación", asegura Gilaberte. El PP solicita que las reservas de suelo público en zonas rústicas se hagan por cuatro años, y no por 16, como está previsto en la ley.