¿Quién controla al controlador?

Un día condenó. a un testigo. En un juicio, cual actor aficionado, representó un infarto de miocardio ante la estupefacción de los presentes. En otra vista se puso a llorar, contagiado por las lágrimas de las personas a las que juzgaba. Dictó sentencias en las que condenaba a penas mayores de las que pedía el fiscal. Se olvidó de poner en libertad a una mujer a la que había absuelto. Éstas son algunas de las actuaciones de quien, hasta el pasado mes de abril, fue titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona, José Miquel López, de 63 años. Desde que accedió a la carrera judicial, hace más de seis años, Miquel ha sido recordado en los juzgados de Valencia y Barcelona en los que ha estado por su comportamiento y su más que discutible forma de impartir justicia. Ante las críticas a su labor, el magistrado apelaba a su independencia.

Miquel accedió a la magistratura a través del turno de juristas de reconocido prestigio. Esta posibilidad permite convertirse en jueces a aquellos juristas que superan un examen y llevan 10 años de labor profesional. La prueba consiste en el desarrollo de un temario y en una entrevista. Todo lo superó el juez Miquel, que había ejercido la abogacía en un despacho de Barcelona especializado en Derecho Mercantil.

Los propios funcionarios del juzgado en el que estuvo durante los últimos años reconocen que la situación era insostenible. Pero en ese juzgado, es el conjunto de la plantilla el que intenta sacar adelante los expedientes. En el caso concreto de Miquel, le correspondía juzgar y dictar las sentencias de delitos cuyas penas no superan los seis años de prisión. "Señoría, mírese esta causa que es con preso [expresión de argot para señalar que el acusado se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio]", te insistían los funcionarios.

Enmendar la plana

Si las partes no estaban de acuerdo con la sentencia, se recurría contra ésta. Así, un tribunal superior corregía, por la vía del recurso, las eventuales irregularidades del magistrado. Eso ocurrió, por ejemplo, en abril de 1993 con una sentencia en la que el juez condenó a ex responsables médicos de la residencia del Vall d'Hebron, de Barcelona, por un contagio de sida. La particularidad del caso es que la condena superó las peticiones de las acusaciones (hecho que impide la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, además, la sentencia incluía comentarios despectivos hacia la profesión médica.La actuación de Miquel fue objeto de una querella de la fiscalía en 1993 porque en un juicio por lesiones acabó Condenando al testigo y denunciante del caso, un ciudadano gambiano. La denuncia por supuesta prevaricación no prosperó. Pero los superiores del magistrado ya tenían conocimiento de sus extrañas resoluciones. No obstante, el magistrado siguió en su juzgado hasta que en la primavera pasada se descubrió que una mujer a la que había absuelto en enero por tráfico de drogas seguía en prisión cuatro meses después.

La segunda querella contra Miquel por este hecho sí prosperó y ahora está pendiente de ser juzgado. Paralelamente, el Tribunal. Superior optó por suspenderle cautelarmente. En junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refrendó la suspensión provisional de Miquel por "enfermedad grave". En ese mismo expediente se hacía referencia a la necesidad de someter al juez a un reconocimiento psiquiátrico. Lo mismo se ha planteado ahora antes de celebrarse el juicio por la detención ilegal de la mujer.

A la pregunta de por qué no se intervino antes, la respuesta, según un portavoz del CGPJ y de varios jueces, es siempre invariable: "La incapacidad mental de un juez sólo puede plantearse con informes forenses". "Es lamentable que las situaciones lleguen a deteriorarse tanto. Pero, además, tampoco es fácil que un médico forense dictamine la incapacidad mental de un magistrado", precisa Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ahora, el interrogante que se plantea es qué pasará después de que el juez Miquel sea juzgado. Si, finalmente, se llega a la conclusión de que sufre trastornos psíquicos, es posible que personas que han sido juzgadas por él soliciten revisar sus procesos. "Las sentencias contra las que se recurrió ante la Audiencia no representan problema, pero sí los casos en que hubo conformidad. En éstos debería revisarse todo el procedimiento si así es solicitado", contesta Vidal.