La Comunidad 'amnistiará' a los ocupantes irregulares de pisos sociales
La Comunidad está dispuesta a legalizar la situación de los ocupantes irregulares de viviendas sociales. Las organizaciones vecinales han ganado esta batalla. Tras años de reivindicaciones ciudadanas, la Dirección General de la Vivienda prepara una amnistía para legalizar a los habitantes de estos pisos, comprados fraudulentamente o subrogados sin cumplir los trámites.La medida se aplicará por medio de un decreto, que se encuentra en fase de redacción y que podría entrar en vigor el próximo mes de enero. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Federación Madrileña de Municipios y Provincias y varios ayuntamientos afectados han presentado ya alegaciones al borrador de trabajo elaborado por los responsables de las viviendas públicas regionales.
La ocupación irregular es un iceberg del que sólo asoma la punta. Una parte de los 87.835 pisos que gestiona el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) están habitados por personas que no son sus adjudicatarias. Sólo en San Blas, según datos de la Asociación de Vecinos de San Blas-Simancas-García Noblejas, de los 10.000 pisos públicos hay un 70% de viviendas sociales vendidas fraudulentamente. En Pan Bendito, en Carabanchel, los representantes vecinales hablan de un 25% en 700 viviendas. Son los únicos que dan las cifras. El Ivima reconoce el problema, pero no aporta datos sobre su incidencia.
La amnistía afectaría a familias que en su día compraron un piso público que estaba prohibido vender; a parientes o conocidos de un arrendatario que les cedió la vivienda sin comunicarlo o sin tener derecho a ello. Muchas de estas situaciones irregulares parten de la picaresca, otras de la desidia para comunicar la transacción realizada o de la desinformación sobre las condiciones del contrato.
El subdirector de Normativa y Régimen Jurídico de la Dirección General de la Vivienda, Mariano Polo, se mostró tajante ante las okupaciones: "Que nadie piense que entrando ahora por la fuerza a una vivienda del Ivima va a conseguir quedarse".
PASA A LA PÁGINA 3
Unas 7.000 viviendas públicas de San Blas se han vendido ilegalmente, según los vecinos
VIENE DE LA PÁGINA 1La última amnistía de este tipo se aplicó en 1978, por medio de un decreto del antiguo Ministerio de la Vivienda. Pero desde entonces, el parque de pisos públicos de gestión regional se ha duplicado. Especialmente a partir del Plan de Barrios en Remodelación, iniciado en 1979 para erradicar el chabolismo, que supuso la construcción de 38.000 pisos sociales.
San Blas, con 130.000 habitantes, es uno de los distritos con mayor venta fraudulenta. Algunas situaciones datan de hace casi dos décadas, ya que la mayor parte de los bloques sociales fueron construidos durante el franquismo.
"De todos los pisos que el Ivima tiene en este barrio, sólo unos 1.000 se pueden vender, al resto de los inquilinos les faltan años para llegar a ser dueños de sus pisos porque están sometidos al régimen de acceso diferido a la propiedad", explica Marisa Robles, secretaria de la Asociación de Vecinos de San B las-Simancas-García Noblejas.
"Hay viviendas que han cambiado de manos hasta cuatro y cinco veces, sus arrendatarios las han vendido y se han ido a otros barrios. Si al primero le hubieran sancionado no estaríamos en esta situación", añade la misma dirigente. "Otro centenar de pisos se encuentran vacíos porque sus habitantes ya no los usan", concluye Robles. El parque de vivienda pública de Aranjuez y del barrio Puerta de Madrid de Alcalá de Henares ofrece situaciones similares.
Fallos de inspección
Las asociaciones vecinales denuncian los fallos en la inspección de las viviendas como la causa del caos. El Ivima se queja de que parte del problema le ha llegado heredado, con ese 52% de pisos que recibió transferido en 1984 del Gobierno central, promociones construidas por la Obra Sindical y el Instituto de la Vivienda. Pilar Rivilla, directora de administración del Ivima, reconoce que "hay irregulares, pero no los tenemos contados", asegura. "No podemos poner un policía detrás de cada adjudicatario de vivienda pública, y no se pueden gestionar casi 90.000 pisos mediante un sistema centralizado porque la distancia entre el ciudadano y la institución es inmensa", añade.
Rivilla considera que la solución pasa por crear oficinas territoriales de gestión y por perder patrimonio acelerando la venta en aquellos casos en los que los beneficiarios tienen derecho a comprar la vivienda.
Mariano Polo, subdirector de normativa y régimen jurídico en la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad, asegura que la amnistía que se prepara "tiene un afán positivo de arreglar las cosas, no punitivo. Habrá que sancionar a quien haya vendido un piso social cuando no debía hacerlo, pero echar a la calle a quien lo compró en su momento porque necesitaba vivienda nos parece demasiado fuerte, siempre que lo habite", añade. "Si esos irregulares cumplen los requisitos económicos para ser beneficiarios de vivienda social, no hay problema; si los superan, tendremos que ver si les exigimos que paguen más", apostilla.
La idea no es legalizar la situación de aquellos que entran a los pisos por el sistema de la patada en la puerta, salvo si hay alguno que lleve así años. "Que nadie piense que entrando ahora por la fuerza a una vivienda del Ivima va a conseguir quedarse", concluye Polo.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) pide a la Comunidad que no actúe con afán de castigar, salvo a quienes se han lucrado vendiendo o alquilando los pisos.
"No sería de recibo que la Administración actuara con prepotencia cuando ella misma ha sido consentidora de todas estas malformaciones que, si en su momento se hubieran cortado de forma ejemplar, ahora serían insignificantes", explica la federación en sus alegaciones al borrador del decreto. María Roces, responsable de vivienda de la FRAVM, cree que arreglar el desbarajuste creado pasa por una cierta flexibilidad. "Si a vecinos que llevan años en situación irregular les aplicamos los baremos económicos actuales para acceder a la vivienda pública -2,5 veces el salario mínimo interprofesional corregido con factores como el lugar o el número de hijos-, tal vez nos tendríamos que enfrentar a decenas de desalojos", asegura.
"Entre quienes compraron o recibieron en cesión irregular estos pisos no hay ricos porque pocas personas adineradas quieren vivir en San Blas o en el barrio alcalaíno de Puerta de Madrid", añade.
La tarea que se presenta es complicada por la diversidad de modalidades contractuales que existen dentro de estos 87.835 pisos del Ivima: un 52% está en régimen de compra; un 30% es de acceso diferido a la propiedad, y un 18%, alquileres. En este patrimonio se incluyen también 5.703 garajes y 3.204 locales comerciales.
