Parlament en llamas

¿CUÁNTAS PERSONAS debieron haber muerto en los incendios forestales ocurridos este verano en Cataluña para que el Parlamento de esa comunidad censurara a los responsables? Después de un trágico verano de fuego que puso de relieve graves deficiencias de prevención, coordinación y preparación técnica, el partido gobernante en Cataluña se ha felicitado a sí mismo -y ha hecho asumir esa autosatisfacción al Parlament- por el éxito obtenido. Es un sarcasmo cruel que cierra en falso el debate parlamentario de estos días sobre los incendios del verano: una iniciativa que, por lo demás, debería ser imitada en otras comunidades que han padecido la misma plaga.Más de 350.000 hectáreas de bosque han sido calcinadas en lo que va de año en España , lo que representa la desaparición de una masa forestal próxima al 3% de nuestros bosques. Ningún otro país de nuestro entorno y de clima parecido ha sufrido una devastación comparable. También ha sido tremendamente alto el precio pagado en pérdidas materiales -propiedades rurales destruidas, casas y urbanizaciones quemadas, explotaciones agrarias arruinadas- y, sobre todo, en vidas humanas, 28 exactamente, en su mayoría bomberos y voluntarios civiles, en un horrendo espectáculo de impericia e irresponsabilidad por parte de las autoridades encargadas de la protección de la población, de la extinción de los incendios y de la formación . del personal encargado de combatirlos.El peso principal de las responsabilidades en las tareas de prevención y extinción ha recaído esta vez sobre los Gobiernos de las comunidades autónomas afectadas, de color socialista en casos como Andalucía y Valencia, y nacionalista en el de Cataluña. Por lo general, no puede decirse que los encargados de la política antiincendios se hayan lucido ni en la prevención ni en la extinción. Hay muchas evidencias de que ha sido precisamente lo contrario.

Esa situación justifica con creces la iniciativa del Parlamento catalán de organizar con urgencia una sesión de tres días de debate para pedir explicaciones a los consejeros responsables. Es muy importante que en cada ocasión en que se produzcan negligencias, mal funcionamiento o simplemente falta de profesionalidad por parte de los gestores públicos se produzca un análisis también público, y lo más detallado posible, de la toma de decisiones y un rendimiento final de cuentas y responsabilidades. Esto es lo que da valor a la democracia. No se trata, pues, de un debate ideológico en el que se enfrentan concepciones del mundo, de Cataluña o de España, ni de una confrontación política destinada a decantar vencedores y vencidos. Se trata, simplemente, del enjuiciamiento caso por caso de los comportamientos de los gobernantes, para conseguir así un cambio en la política de prevención y extinción, si no una sustitución de quienes han demostrado grados severos de incompetencia.

Lo deben hacer los responsables catalanes y lo deberían hacer también los de otras comunidades autónomas afectadas. Éste es el caso de la Comunidad Valenciana, donde la creación de una comisión parlamentaria para estudiar lo sucedido no debe bloquear la búsqueda de responsabilidades políticas. En el caso de Cataluña, en concreto, hay numerosos interrogantes planteados por la oposición que todavía no han obtenido respuesta: alguien debe responsabilizarse de la falta de cuidado de los bosques, de la ausencia de cortafuegos, de la deficiente inspección de los tendidos eléctricos que han actuado como focos de ignición, de la trágica ausencia de coordinación entre autoridades y fuerzas de extinción o de la escasa formación de bomberos y voluntarios que se ha cobrado un altísimo precio en vidas humanas.

Por eso resulta sangrante que Convergència i Unió haya logrado, en virtud de su mayoría absoluta en el Parlament, aprobar una moción felicitándose por la política practicada. Nadie tiene derecho en este caso a envolverse en la bandera del nacionalismo o de la defensa ante la agresión externa, o a escudarse en el principio de que no hay que utilizar a los muertos: si han muerto bomberos por falta de formación, y si la extensión de los daños materiales causados por los incendios se debe o ha sido favorecida por decisiones erróneas, hay que establecer quién o quiénes han sido responsables de ello.