Tres de los principales acusados de la Operación Nécora no han sido reclamados para ir a prisión

Tres procesados de la Operación Nécora, con peticiones de más de 20 años de prisión, faltan de las listas de detenidos y presos que cumplirán severas condenas por narcotráfico y que ya han sido concentrados en la prisión de Carabanchel en espera de la lectura de la sentencia, mañana, martes. Entre los presos, la ausencia más llamativa es la de Manuel Charlín Gama, patriarca de una familia de narcotraficantes. Los otros dos son Alfredo Cordero González, presunto interlocutor de los carteles colombianos, y Albino Paz Diz, presunto almacenista de grandes alijos de hachís.

Lo principal de la sentencia ya se conoce: 19 narcos cumplirán fuertes penas de prisión, cuya gravedad aconseja que no disfruten de libertad hasta que el Supremo se pronuncie sobre sus eventuales recursos. De ellos, 16 se encuentran ya en prisión y la policía busca a otros tres. Los 26 procesados restantes se repartirán penas menos graves y absoluciones.La salida en libertad, el 2 de julio, de Manuel Charlín Gama, disparó las alarmas ante la posibilidad de que la sentencia quedase en agua de borrajas. La indignación causada por su salida entre los sectores más machacados por la droga en Galicia quedó mitigada cuando, cinco días después, el juez Baltasar Garzón tiraba de un antiguo sumario y le devolvía a prisión.

Charlín ya cumplió ocho años por actividades relacionadas con el narcotráfico. Otros capos como Laureano Oubiña, José Manuel Padín Gestoso o José Paz Carballo, junto a Jorge Outón Caamaño o el colaborador judicial Antonio Cebollero, han sufrido condenas anticipadas de un mínimo de nueve anos para evitar su salida de la cárcel tras cumplir el máximo de cuatro años en prisión preventiva. A diferencia de éstos, la salida de Charlín presagia una condena simbólica respecto a los 23 años que el fiscal pide para él.

Diez días después que Charlín, el 11 de julio, abandonaba la cárcel Alfredo Cordero González, un presunto narco con ideas propias que se separó de la organización del capo José Manuel Padín Gestoso para dedicarse en exclusiva al tráfico de cocaína a gran escala. Cordero, según el fiscal, entró en contacto con Charlín y pasó a encargarse de mantener, los contactos con los carteles colombianos de la droga. El fiscal le pide 23 años por su presunta implicación en el envío de más de 2.000 kilos de cocaína a través de Portugal. Su libertad, junto a la de Charlín, abona las impresiones sobre la nulidad como prueba de las conversaciones telefónicas en las que Charlín le pidió que cuando le llamase a casa usase siempre la palabra "cangrejo" para hablar de droga.

Albino Paz, para quien el fiscal pide 20 años como supuesto almacenista de los alijos de hachís introducidos por su primo, el presunto capo José Manuel Paz Carballo, aseguró a Garzón que éste último y el arrepentido Ricardo Portabales andaban siempre juntos y "trapicheaban en temas de droga". Tal aserto desmentía frontalmente la inocente versión de Paz Carballo, quien declaró que nunca traficó con otra cosa que no fueran terneros para recría.

En el juicio, Albino Paz eludió acusar a su primo, negándose a contestar a las preguntas del fiscal, y se quitó de enmedio tras salir en libertad provisional.

Goyanes y Barreiros

Los dos procesados más conocidos, el miembro de la jet Carlos Goyanes y el empresario Celso Barreiros, a reserva de lo que en definitiva diga la sentencia, han sido dados por absueltos en medios de la Audiencia Nacional. La acusación contra ambos se sostiene únicamente en las declaraciones del arrepentido Portabales y es la palabra de uno contra la de los otros. En la presentación de sus conclusiones definitivas, el fiscal se vio forzado a rebajar de 18 a 6 años la petición contra Barreiros. Mantuvo la de 8 años para Goyanes. Pero lo cierto es que ninguno de los dos ha sido llamado. por los jueces para entrar en la cárcel.Entre los condenados a penas leves figurarán previsiblemente los arrepentidos Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín, que en el juicio admitieron su participación en contratación y descargas de droga. El fiscal pide penas mínimas, inferiores a tres años, para cada uno de ellos, pero en ningún caso irán a prisión, ya que podrán obtener la libertad condicional.