El PP e IU responsabilizan a González y Solchaga por no destituir a Rubio en 1992

La comisión Rubio inició ayer la discusión preliminar de su dictamen final, que en principio deberá estar terminado el próximo día 30. Aunque la discusión no ha hecho más que empezar, las posiciones aparecen claramente diferenciadas cuando se trata de establecer hasta dónde llegan las responsabilidades políticas en que se pudo incurrir en el escándalo. En cambio, existe una opinión unánime sobre la condena de la conducta de Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, quien se habría enriquecido con su actuación.

El PP e IU consideran que las responsabilidades políticas llegan hasta Felipe González, por no haber aceptado la dimisión de Rubio en 1992, y pasan por Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía. El resto de los grupos creen que Rubio abusó de la confianza en él depositada y califican la dimisión de Solchaga como algo por encima de lo que era razonable pedir.El próximo lunes, el presidente de la comisión, el peneuvista Jon Zabalía, debe presentar un proyecto de dictamen uniforme al que podrán añadirse nuevas consideraciones y al que acompañarán los votos particulares de varios grupos.

El proyecto de dictamen se empezará a discutir el martes, después de la última comparecencia solicitada por el PP. Joaquín Baraut, administrador único de Urbiplanner en 1986, debe presentarse ante la comisión. Esta sociedad compró un tercio de las acciones de Sistemas AF a un cambio del 290% y las vendió, al día siguiente, al 575%, generando unas plusvalías de 600 millones. El abogado de Baraut negó que su representado tuviera relación alguna con esta operación.

La discusión no ha hecho más que empezar a la hora de establecer qué hechos se han probado definitivamente con los trabajos de la comisión y cuáles se han quedado en indicios, más o menos sólidos. IU y el PP consideran probado el uso de información privilegiada por parte de Rubio, lo que permitió el enriquecimiento del ex gobernador, que llegó a esconder a Hacienda una cifra cercana a los 115 millones. Para estos dos grupos parlamentarios hubo, además, trato de favor de Rubio hacia sus socios en Ibercorp. Según el PP, la Comisión Nacional de Valores actuó negligentemente, mientras que, en opinión de IU, el que lo hizo fue el Banco de España, donde los órganos de gobierno apenas habrían discutido las propuestas que hacía Mariano Rubio.

Dimisión más que suficiente

El actual subgobernador, Míguel Martín, entonces director general encargado de la inspección, aparece como uno de los directivos que no actuaron en línea con lo que de él se esperaba. En todo caso, para estos dos grupos políticos, la responsabilidad final corresponde a González y a Solchaga por no haber destituido a Rubio como gobernador del Banco de España en 1992, cuando estalló la primera parte del escándalo que acabó con el grupo Ibercorp.

Los otros grupos consideran que fue Rubio quien realizó un claro abuso de confianza con quienes le nombraron y que sobre él debe recaer todo el peso de las responsabilidades políticas.

"La dimisión de Solchaga como presidente del Grupo Parlamentario Socialista fue más que suficiente para hacer frente a las responsabilidades en que pudo haber incurrido "' señala Emilio' Olabarría, del PNV, grupo que ha presentado un informe común con Coalición Canaria y el Grupo Mixto. "La dimisión de Solchaga se trata de un acto de lealtad no habitual" añade.

Ángel Martínez Sanjuán, del PSOE, es de la misma opinión, al decir que su grupo hablará de "gratitud parlamentaria" al enjuiciar la dimisión de Solchaga. Jordi Casas, de CiU, califica de "prudencia política" el que Felipe González no admitiera la dimisión de Rubio en 1992, cuando le quedaban cuatro meses para terminar su mandato.