Cultura de la paz

La mayor parte de la sociedad civil vasca está contra de ETA, y muchos lo manifiestan cotidianamente trabajando por la paz. Pero las causas que explican la supervivencia de ETA siguen estando en la sociedad vasca.Al margen de los que siguen intentando rentabilizar políticamente la violencia, el habitual espectáculo de la muerte es asumido por buena parte de los ciudadanos vascos como elemento del paisaje. De ahí la inhibición de tanta gente que piensa que la guerra no va con ellos, o que, sencillamente, tiene miedo: si todos los que se han movilizado en cualquiera de las grandes manifestaciones por la paz siguieran las convocatorias de las organizaciones pacifistas cada día en que hay una muerte violenta relacionada con ETA, las cosas cambiarían.

Junto con el compromiso de muchos ciudadanos por acabar con la violencia, además de miedo y pasotismo hay cada vez más, también en la sociedad vasca, cansancio y rabia. Los últimos atentados han llevado a una creciente actitud de indignación y la reflexión sobre cuál ha de ser el modo de acabar con la violencia ha dejado paso a la falta de esperanza. La lucha antiterrorista exige el trabajo policial, pero no puede reducirse a él. Tan importante como la investigación policial es el debilitar a los terroristas, y ello precisa de una activa movilización ciudadana y un fortalecimiento de la cultura de la paz. De ello han sido conscientes todos los partidos democráticos al menos desde la firma de los Pactos de Ajuria Enea, y en tal marco se planteó el reconocimiento de la posibilidad de reinserción de los presos que decidan abandonar la violencia.

También, lamentablemente, han sido conscientes algunos partidos de la trascendencia partidista del tema, sea buscando rentabilizar electoralmente la rabia de los tan lógicamente airados, sea buscando el electorado del día siguiente al del final de ETA, sea olvidándose de los compromisos de Ajuria Enea cuando ha venido

El debate que sobre este tema se ha levantado en los últimos meses ha sido tan exagerado, y ha estado tan marcado por consideraciones puramente partidistas que caigo en la tentación de decir, de partida, una serie de obviedades: valga, para empezar, recordar que la Constitución señala que Ias penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social (artículo 25,20). Ello supone que el logro de estos objetivos habría de tener efectos en la situación de los condenados. Es claro, por otra parte, que la obtención del tercer grado no supone el logro de la libertad, que la sentencia penal condenatoria es, también, castigo impuesto y exigido por la sociedad, y que el Gobierno, a través de los mecanismos previstos en la ley, puede aprobar medidas individuales de gracia cuando entienda que existen razones que lo aconsejan. Tan obvio como lo anterior es la existencia, en todo este proceso, de aspectos que repugnan, particularmente esa impresión que los reclusos de ETA pueden salir de la cárcel con sólo decir que la "lucha armada" ya no es tan necesaria como antes.

Es conveniente la reinserción de terroristas, como lo es la de cualquier penado. Sin embargo, la exigencia de reinserción social ha de comenzar siendo política de reinserción de las víctimas o de sus familiares: es preciso que la sociedad manifieste que se alinea con quien padece esa violencia injusta. Y esto vuelve a ser, sobre todo, problema específico de la sociedad vasca, donde hay víctimas que tienen que justificarse, y donde hay muertos más nuestros que otros y familias de víctimas más desamparadas socialmente que otras.

No es fácil definir cuándo un condenado puede considerarse reinsertado en la sociedad. Habrá de ser la ley quien establezca los mecanismos a través de los cuales las autoridades penitenciarias, jueces y Gobierno intervengan, y posiblemente fuera bueno que los jueces tuvieran que decir algo más de lo que ahora dicen. Además, la reinserción debiera de incluir algo más que la garantía de que no se va a volver a delinquir: las víctimas, sus familiares y el conjunto de la' sociedad se merecen que quien ha ejercido la violencia les pida perdón por haberles violentado. No hay que obligar a nadie a pasar por las horcas caudinas: se trata de recuperar una convivencia cívica basada en el respeto de los derechos. humanos para todos.

El mensaje final de este debate ha de seguir siendo el de Ajuria Enea. Es requisito imprescindible el acuerdo entre los partidos en la determinación de los medios a seguir para aislar a los violentos y movilizar a la sociedad para conseguir una convivencia democrática y en paz; y la reinserción ha demostrado ser uno de los mecanismos oportunos para conseguirlo.