Presupuestos

LA POLíTICA presupuestaria es la vía principal a través de la cual los Gobiernos nacionales pueden manifestar un cierto grado de autonomía en su política macroeconómica. Limitado su margen de maniobra en la política, monetaria, es en los Presupuestos Generales del Estado donde los partidos en el Gobierno pueden concretar sus opciones políticas y sus prioridades.La realidad española actual limita seriamente esa teórica libertad presupuestaria del Gobierno. Primero, porque la aritmética parlamentaria le obliga a recabar el apoyo de otras fuerzas cuyas prioridades ha de compatibilizar con las propias. Segundo, porque la situación de las finanzas públicas -el déficit y la magnitud alcanzada por la deuda pública- no permite distanciarse del propósito genérico de su saneamiento. Parte importante del déficit público tiene un carácter estructural y son por ello reducidos los márgenes para paliarlo por medio de un mayor crecimiento económico como el que se espera para 1995.

El Gobierno parece decidido a mantener el rigor ya aplicado a los presupuestos de 1994, que partían de un considerable déficit público (7,2% del PIB), introduciendo en los de 1995 algunas modificaciones. El gasto público se incrementará un 5% por debajo del crecimiento nominal de la economía (pese a la actualización de las pensiones y los sueldos de funcionarios). Los ingresos también se verán mermados por el ajuste a la inflación de la tarifa del IRPF, por los menores beneficios esperados del Banco de España y por la eventual reducción en los ingresos por cuotas de la Seguridad Social.

De las exigencias de CiU, la reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social es la que más atención ha despertado. Su aceptación, ya anunciada por el Gobierno, supondrá probablemente la reducción de un punto porcentual en las cotizaciones, distribuidas proporcionalmente entre la cuota patronal y laboral. Más allá de su magnitud -estimada por el Gobierno en 185.000 millones de pesetas-, son destacables otros aspectos de esa decisión. Los que proponen esta decisión están convencidos de su impacto favorable sobre la competitividad de las empresas y sobre el empleo. Otros no lo están tanto. El ahorro en ese tipo de costes puede traducirse en un mayor beneficio final de las empresas como en mejoras de sus condiciones de competitividad o incluso en la generación de empleo. Ahora bien, se plantean serias dificultades para restituir esos ingresos a la Seguridad Social. El aumento de la imposición indirecta supondría que un mayor número de contribuyentes asumen esas cargas y, además, no pueden descartarse efectos nocivos sobre la inflación. La CEOE no ha tardado en proponer su fórmula: reducción de gastos de la Seguridad Social, como si ello fuera tan automático como la reducción en las cargas.

El test de credibilidad al que se enfrenta el Gobierno con ocasión de la discusión parlamentaria de los presupuestos es en esta ocasión especialmente importante. A él estarán atentos esos mercados financieros que tanto han complicado y encarecido la financiación del Tesoro en los últimos meses.

Y no sólo ellos. Porque semanas después de actualizar su programa de convergencia el Gobierno puede violar algunos propósitos que en ese documento creía compatibles con la reducción del déficit fiscal, en especial el mantenimiento de los niveles de protección social y la consolidación del peso de la inversión pública en el PIB.