Últimos retoques para la cárcel de Soto

El penal de Soto del Real (3.000 habitantes) está casi terminado, al menos en su obra principal, incluida la torre de 45 metros. "Ahora están pintando, poniendo los suelos y pavimentando el exterior", indicó una portavoz de Instituciones Penitenciarias. "La entrega de las llaves está prevista para la segunda mitad de noviembre".No eran éstas las previsiones de Instituciones Penitenciarias (organismo dependiente del Ministerio de Justicia e Interior) en enero de este mismo año sobre las obras -que se iniciaron en noviembre de 1992-. Entonces se anunció que sólo quedaban los "remates interiores" y que los presos, en número de 1.300, podrían instalarse en octubre. Antes de fin de año no llegarán los reclusos al penal, que ha movilizado en su contra a los vecinos de la zona. Antes tienen que entrar los funcionarios y conocer la cárcel, y verificar los sistemas de seguridad.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias no pudieron ayer justificar el retraso. La entrega de llaves estaba prevista en principio para el mes de agosto de este año.

Cuando el 10 de noviembre de 1992 las máquinas entraron en la finca de la cárcel, a orillas del Parque Regional del Manzanares, el entonces alcalde de Soto del Real, el centrista Eladio Navarro, expulsó a las excavadoras. La contundente actuación de la Guardia Civil, dos días después, desalojó a los alcaldes de la zona de la finca, con lo que comenzaron oficialmente las obras.

En diciembre comenzaron las protestas -que alegaron siempre el impacto ambiental en la zona- Entre ellas, una concentración de vecinos de los ocho municipios serranos afectados ante el Ministerio de Justicia. En enero del año pasado, una docena de vecinos se encadenaron junto a la cárcel en construcción para bloquear el trasiego de las obras. Un millar de vecinos -de Soto del Real, Manzanares El Real (2.500 habitantes), El Boalo (2.000) y Colmenar Viejo (26.000) se concentraron un domingo de enero. Todo fue inútil: el Gobierno rechazó todos los recursos contra la cárcel.

El Ayuntamiento de Soto, que había negado la licencia de obras, negó también la licencia de luz y teléfono, informa Soledad Gallardo. El Tribunal Supremo autorizó las obras el 3 de noviembre de 1993.