Un suspenso

En la tarde de ayer, poco después de la junta de accionistas de Banesto, cuando sus abogados -estuvieron presentes Mariano Gómez de Liaño y Fernando Sánchez Calero- le informaron, por teléfono, de algunos detalles como la reprobación de la gestión de 1993, el ex presidente, Mario Conde, respondió muy escuetamente: "Está bien, ya impugnaremos. El 14 de septiembre presento mi libro. Allí está todo muy clarito... ".El nombre de Conde se oyó rugir en varias ocasiones ayer. Un indicador fue la cantidad de veces que su nombre fue gritado, pero otro, no menos importante, es la manera en que mucha gente decidió votar. Como la propuesta de censura de su gestión iba en el mismo punto, el primero, que la aprobación de las cuentas y el informe de gestión de 1993, presentadas por Alfredo Sáenz y su equipo, 3.436 votos decidieron reprobar la gestión de Conde al tiempo que la cuentas, cuyas pérdidas ascendieron a 577.923 millones de pesetas.

En otros términos, mucha gente decidió que era bueno rechazarlo todo para que, usando la expresión de Conde, quedara clarito que la gestión era tan reprobable como las cuentas a las que dio lugar. Esta tozudez es saludable aunque se le escape el matiz de que las cuentas presentadas han sido elaboradas por los interventores y, desde ayer, administradores estables de Banesto.

A falta de una puntualización de sus abogados Gómez de Liaño y Sánchez Calero en la junta de ayer, habrá que esperar el libro de Conde para conocer sus presuntas revelaciones sobre El Sistema como responsable de la intervención del 28 de diciembre de 1993. Pero las nuevas cifras ofrecidas ayer en la información ratifican la situación sin salida a la que había conducido Conde a Banesto a finales de 1993.El lector puede irse a la página número 38 del informe anual, y leer la nota 8 de la memoria del balance del banco y de su grupo consolidado, referida a los créditos sobre clientes. Allí, bajo la rúbrica de activos dudosos aparecen, en el Grupo Consolidado, 257.399 millones de pesetas en el ejercicio 1992, cifra que fue proporcionada en su día por Conde y su consejo. Pues, en 1993, el dato es de 898.130 millones de pesetas. Las cifras de activos dudosos referidas al banco estaban ya en el informe a la junta del 26 de marzo de 1994, pero no así la cifra del grupo consolidado, que supone 147.000 millones de pesetas más que los 751.337 millones correspondientes a activos dudosos del banco. Tanto esta cifra como la existencia de activos improductivos, es decir de préstamos que no generan intereses o son malos para el banco, cosa que ayer recordó en una de sus respuestas Sáenz, están en la base del estallido de la gestión de Conde y su equipo, que fue acumulándose a lo largo de seis años. La parte más penosa de la velada de ayer fue, por así llamarla, la judicial. Sáenz tuvo que informar que no había novedades en la demanda de acción social de responsabilidad presentada el 22 de abril de 1993, ya que estaba en la fase de traslado a los acusados porque a algunos de ellos -son los casos de Roberto G. Mendoza, de J. P. Morgan, que reside en Estados Unidos, y Moisés Cosío, accionista residente en México- hubo que localizarles fuera de España.

Sin embargo, el actual presidente de Banesto no intentó quitar hierro a los problemas jurídicos pendientes. Eso fue evidente cuando subrayó que la demanda de Carlisle Ventures, filial de la aseguradora norteamericana Northwestern, contra Banesto por información falsa y engañosa, transmitida a través de J.P. Morgan en la ampliación de capital del segundo trimestre de 1993, era muy importante.

Con todo, todavía hay tela que cortar. Las operaciones especiales, entre ellas algunas en las que el Banco de España considera que Mario Conde incurrió en presuntos actos fraudulentos, pueden añadir nuevas pérdidas al banco. Tanto el equipo de Sáenz como también, ¡aleluya!, los colaboradores del fiscal general Carlos Granados, cada uno por separado, profundizan en esas operaciones en busca de más pérdidas o detalles, respectivamente, para adoptar una decisión sobre la querella criminal del Estado.