La pensión de las uvestruces

Nuestros izquierdistas creen que el sistema de pensiones español puede mantener o incluso mejorar sus prestaciones. Mis temores son mero reflejo de una postura ideológica de servidumbre ante el gran capital.Al derivar hacia un sistema de pensiones públicas "de reparto" las democracias occidentales se han colocado entre la espada y la pared. El despreciar con argumentos de baja estofa los intentos de algunos países como Chile de resolver la cuestión con remedios heroicos no hace desaparecer el problema.

El gobierno que se atreva a enfrentarse con empleados y pensionistas, para decirles que tienen que trabajar diez años más, o aceptar pensiones contributivas de menos de dos tercios de las actuales, quedará ensartado con- el acero de una derrota electoral. El gobierno que prefiera no hacer nada chocará con la pared de un gasto público insostenible y la recaída en trucos de tahur como el impuesto inflacionista.

Según el Banco Mundial, en el año de 1990, el 15% de la. población de los países desarrollados tenía más de 60 años. En el año 2030 prevén que la proporción sea casi el doble. Si el número de españoles queda estable, ello querría decir que para entonces 15 millones de activos tendrían que sostener a 13 millones de jubilados, y además alimentar y educar a los niños y jóvenes.

Un reciente estudio de las pensiones en siete países de la OCDE firmado por Paul van der Noord y Richard Herd, y resumido en The Economist de la semana pasada, plantea la cuestión en toda su crudeza. Dado el envejecimiento de la población en los países adelantados, el mantener las. pensiones públicas en los niveles actuales supondría alguna de las siguientes medidas o una combinación de ellas: 1) crear un fondo público de acumulación con una elevación permanente de la presión fiscal equivalente al 4% del PIB; 2) retrasar la edad del retiro -en el caso del Canadá hasta los 81 años-; 3) reducir el crecimiento del valor real de las pensiones respecto -del de los ingresos -en el caso de Francia cuatro puntos porcentuales por debajo del aumento real de: los salarios medios y dos puntos por debajo del coste de vida-.

¿Por qué es imposible sustituir sin coste un sistema de reparto por uno de capitalización? Porque toda una generación de trabajadores, cuyas cuotas e impuestos sirvieron para sufragar las pensiones de sus mayores, se quedará sin pensión (que los más jóvenes ahorrarán para sí tras el cambio) o tendrá que ahorrar dos veces. En Chile, el Estado había amortizado toda la deuda pública y reducido los impuestos, por lo que puede reconocer a los fondos privados una subvención para las pensiones de la generación perdida. Pero el tamaño de la deuda pública española obligará a financiar ese cambio con impuestos. ¿Por qué habría que hacerlo? El beneficio del cambio nacería de la mayor eficiencia administrativa de los fondos de pensiones privados, y de la mejor colocación de los ahorros.

EL PAÍS ha publicado el miércoles 17 una crítica de mis propuestas, firmada por Francisco de Llobet, experto en pensiones de CCOO, e ilustrada con un retrato de Salvador Allende con gesto leninista. Doy dos muestras del tipo de argumentos que emplea. Me acusa de esconder la buena salud financiera del Régimen General de la Seguridad So cial, que en 1994 tendrá un superávit de 400.000 millones de pesetas; pero olvida decir que todo ese dinero, más otros 560.000 millones que ha presupuestado el Estado, sirve para cubrir el déficit de todos los regímenes del sistema de pensiones español hoy (no les digo el siglo que viene). Denuncia que trabajo a sueldo de los bancos y aseguradoras (lo que por desgracia no es cierto); pero ¿qué diría el señor Llobet si yo le preguntara cómo se llama la empresa de la que cobra sin trabajar, y que le permite escribir ligerezas en nombre de su sindicato? Además, a Chile le habría ido mejor con un Mandela que con un Allende.