El Gobierno estudia si reclamará a Amedo el dinero pagado a sus víctimas

El Gobierno estudia reclamar a José Amedo y Michel Domínguez los 6,5 millones de pesetas que el Estado tuvo que pagar por los dos atenta dos cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) a instancias de ambos ex policías, y por los que éstos fueron condenados. El Ejecutivo no adoptará ninguna decisión definitiva hasta contar con un informe del Servicio Jurídico del Estado sobre el procedimiento seguido en todos aquellos casos en que el Estado ha tenido que indemnizar como responsable civil subsidiario de delitos cometidos por sus funcionarios.

Fuentes de Justicia e Interior no ocultan que dicho informe, aunque de carácter general, servirá de fundamento a la decisión de embargar o no a Amedo y Domínguez una parte de sus sueldos para hacer frente a las indemnizaciones pagadas por el Estado.El estudio, que ya ha sido encargado por el Ministerio de Justicia e Interior al Servicio Jurídico del Estado, pretende determinar la cifra total de las cantidades pagadas por el Estado en concepto de indemnizaciones por delitos dolosos cometidos por sus funcionarios o agentes; en cuáles de esos casos se ha ejercido la acción de repetición (reclamación del pago efectuado) y qué criterios deberán seguirse en adelante tanto en la generalidad de los casos como, singularmente, en el de Amedo y Domínguez.

"Nadie hasta ahora se había preocupado de reclamar las indemnizaciones pagadas por el Estado como responsable subsidiario, no sólo en el caso de Amedo y Domínguez, sino en general", según fuentes de Justicia.

Malestar en el ministerio

"Cuando un agente o funcionario delinque lo normal es que se le aparte del cuerpo, por lo que al salir de prisión es insolvente y no cabe reclamarle las indemnizaciones que se pagaron por cuenta suya", agregaron las citadas fuentes.

En el caso de los dos ex policías, estos medios del Ministerio de Justicia e Interior indicaron que cuando en abril de 1993 se pagó un total de 6,5 millones de pesetas a cinco de los siete heridos en dos atentados de los GAL, la reclamación de esta cifra no se planteó, ya que Amedo y Domínguez estaban en prisión, en segundo grado, sin trabajo y declarados insolventes.

Al acceder al tercer grado de régimen penitenciario y contar con un trabajo fuera de la prisión, a la que sólo acuden a dormir, una parte de sus ingresos puede serles ahora embargada para afrontar esas indemnizaciones, si el Estado las reclama. Del total de sus percepciones es inembargable el equivalente al salario mínimo (las primeras 60.000 pesetas) y de ahí en adelante, la cuantía es variable en función de cada tramo de ingresos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que encabeza José Leopoldo Aranda, ha encargado a la Policía Judicial que averigüe el centro de trabajo y los ingresos de los ex policías "a los efectos de proceder a la satisfacción de las responsabilidades civiles". Esta iniciativa ha causado notable malestar en el Ministerio de Justicia e Interior, dado que, según fuentes de este departamento, la eventual reclamación de esas cantidades correspondería a la Abogacía del Estado, y no al ministerio fiscal.

Los 6,5 millones fueron pagados por el Estado en abril de 1993 a cinco de los siete heridos en los atentados contra los bares Batzoki y La Consolation, en el País Vasco francés. Los otros dos heridos no cobraron otros 6,9 millones por su vinculación con ETA o sus responsabilidades pendientes de determinar.